
El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, denunció este jueves que continúa el impedimento de acceso a presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
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A través de un video publicado en su cuenta de X, Romero explicó que, junto a la abogada Stefania Migliorini, intentó realizar una visita a los privados de libertad como parte del trabajo de defensa que realiza la organización. Sin embargo, las autoridades penitenciarias no permitieron el ingreso.
“Estamos saliendo aquí de Rodeo I. Intentamos, como siempre lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, visitar a algunos de los presos políticos que se encuentran aquí. Particularmente a Igbert Marín Chaparro, que tenemos aquí la representación, la designación específica, y Josnars Adolfo Baduel”, expresó.
Romero señaló que, en esta ocasión, se les informó sobre un supuesto «problema en el sistema» que impidió la autorización de la visita, situación que —según afirmó— se ha repetido en ocasiones anteriores bajo distintos argumentos administrativos.
El abogado indicó que actualmente se les ha negado el acceso a los detenidos desde hace casi dos años, con una única excepción en la que pudo ver al teniente coronel Igbert Marín Chaparro.
«Se sigue violentando, y debo decirlo de una manera flagrante, el derecho a la defensa; tanto el acceso a tribunales para poder representar a personas, como la visita a presos que se encuentran privados de libertad», mencionó.
Asimismo, denunció que se han registrado restricciones similares en otros centros de reclusión, como en El Helicoide, lo que calificó como una violación al derecho a la defensa.
Romero sostuvo que estas limitaciones constituyen una violación constitucional y criticó lo que consideró un patrón sistemático de restricciones en el acceso a los presos políticos, así como en el funcionamiento del sistema judicial.
«Esto tiene que cambiar. No puede ser que haya una supuesta intención o voluntad de cambio, un nuevo fiscal, la nueva Defensora del Pueblo, y que no se permita el derecho a la defensa», afirmó.
«Eso es una violación flagrante, una violación constitucional que anula por completo los procesos, que de por sí ya es, no una apariencia, sino una clara violación a los derechos humanos de carácter sistemático, tanto en las cárceles donde se mantienen los presos políticos, como en los tribunales, como en la fiscalía», añadió.
Finalmente, reiteró que Foro Penal continuará documentando y denunciando los casos de presuntas violaciones de derechos humanos en el país.
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