En un espacio de reflexión académica y política, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Guayana, junto a su dirigencia estudiantil (CED y COES), realizó el foro “Ley de Amnistía: alcance, retos y desafíos para la reinstitucionalización”.
Por lapatilla.com
El evento contó con las ponencias de la politóloga Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales, y de Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quienes analizaron el instrumento legal desde la teoría constitucional y el drama humano de las víctimas.
La profesora Aiskel Andrade enfatizó que la amnistía no debe interpretarse como un simple perdón, sino como un recurso de política constitucional necesario para cerrar ciclos de excepcionalidad jurídica. «Podría ser la posibilidad para darle chance a la política y alcanzar la paz social», afirmó.
Sin embargo, Andrade advirtió sobre un desafío estructural: la ejecución de esta ley recae en los mismos jueces que participaron en la judicialización de la política. Subrayó que sin una reforma judicial profunda que garantice la independencia de poderes, el instrumento corre el riesgo de quedarse en un mero trámite administrativo sin transformación real.
El rol de las víctimas
Por su parte, Oscar Murillo destacó que el impulso de esta ley es, ante todo, un logro del «coraje de los familiares de los presos políticos», especialmente tras las detenciones registradas desde julio de 2024.
Murillo fue crítico con la opacidad del proceso, denunciando las limitaciones de la Comisión Nacional de Verificación. «Debería estar integrada por mecanismos internacionales, la Iglesia y las universidades, pero quedó solo en manos de los parlamentarios», señaló, cuestionando la imposibilidad de contrastar las cifras oficiales.
A pesar de las fallas técnicas del texto, el coordinador de Provea valoró el espacio de diálogo que permitió a las víctimas confrontar a los legisladores tras años de exclusión, calificándolo como un paso necesario para visibilizar el sufrimiento de las familias venezolanas.
El foro concluyó con un consenso: la Ley de Amnistía de 2026 es un punto de partida, pero no la solución definitiva. La paz social en Venezuela dependerá de la capacidad del Estado para permitir un proceso genuino de reconciliación, transparencia y pluralismo político.
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