La familia de la presa política Yanín Pernía Coronel aclaró este jueves que los abusos y torturas denunciados contra la ciudadana ocurrieron en 2018, durante su reclusión bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y no por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, estado Miranda
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La rectificación fue realizada en un video difundido en Instagram por la periodista Maryorin Méndez junto a Soraya González, madre del preso político José Miguel Estrada González, luego de una primera denuncia que generó múltiples reacciones.
“Quiero rectificar porque he estado muy dolida por todo lo que le ha sucedido a ella. Eso no está sucediendo ahorita”, expresó González.
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Según detalló, Yanín Pernía fue detenida arbitrariamente en agosto de 2018 y permaneció durante cuatro meses bajo custodia de organismos de inteligencia, donde fue sometida a torturas físicas y violencia sexual sin penetración.
“Le colocaban electricidad, la mojaban, le pegaban con un palo y la violentaron sexualmente sin penetración”, afirmó González, quien señaló directamente a funcionarios de la Dgcim y el Sebin como responsables de los abusos denunciados.
Durante el video, Méndez insistió en que la aclaratoria buscaba precisar los hechos “de manera responsable”, aunque remarcó que las violaciones denunciadas siguen siendo graves.
“Lo que se está aclarando acá no es menos gravoso”, sostuvo la comunicadora, quien indicó además que Pernía ratificó ese mismo día ante autoridades las agresiones sufridas y la identidad de los responsables.
González aseguró que la presa política mantiene secuelas psicológicas producto de las torturas sufridas durante su detención.
“Ella necesita una recuperación. Está muy traumada con esa situación”, afirmó.
La primera denuncia y su posterior aclaratoria ocurrieron días después de que el chavismo anunciara la liberación de unos 300 presos políticos, en medio de crecientes cuestionamientos de ONG y familiares sobre las condiciones de reclusión y las denuncias de violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario venezolano.
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