El expresidente Evo Morales (2006-2019) afirmó este viernes 15 de mayo, que la DEA estadounidense y el Ejército de Bolivia planean detenerlo entre este viernes y el sábado, después de que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusara de financiar con recursos del “narcotráfico” las protestas y bloqueos que desde hace 10 días exigen la renuncia del mandatario.
“Entre hoy (viernes) y mañana (sábado) el CIE (Compañía de Inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas), con la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU), que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales”, dijo el exmandatario en declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca.
Las declaraciones de Morales se producen un día después de que el Gobierno anunciara que la DEA volverá a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de información de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos.
En la víspera, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” destinado a provocar una ruptura constitucional mediante las protestas de sectores campesinos y obreros que exigen la salida de Paz, quien lleva seis meses en el poder.
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Según Gálvez, ese plan fue “pensado, financiado y operado” desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, con fondos provenientes del “narcotráfico”, en una región central de Bolivia que es además una de las principales zonas productoras de hoja de coca del país.
Morales sostuvo que el Gobierno está obligado “a demostrar las mentiras” y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes”.
El exmandatario también aseguró que el Gobierno pretende dictar un estado de excepción, militarizar el país y trasladar tropas al Trópico de Cochabamba bajo el “pretexto” de que se “atenta contra la democracia”.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar su detención dentro de un proceso penal en su contra por trata agravada de personas, en el que la Fiscalía le acusa de haber tenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija cuando era presidente.
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Mientras tanto, campesinos del altiplano de La Paz mantienen bloqueos de carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.
El jueves, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, sostuvo que “el pedido único” que tiene esa entidad es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad para solucionar los problemas estructurales del país”.
La COB y los sindicatos de campesinos e indígenas fueron aliados políticos de los Gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025).
Este viernes, el vocero presidencial reiteró que el Ejecutivo seguirá abierto al diálogo con los sectores “que quieran dialogar y construir soluciones”.
EFE
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