El gobierno de España aprobó el 14 de abril un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de alrededor de 500 mil migrantes que ya se encuentran en el país, siempre que no tengan antecedentes penales ni representen una amenaza para la seguridad pública.
La medida fue confirmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseguró que se trata de un acto de “coherencia ética y justicia social”, mientras que el presidente Pedro Sánchez defendió la iniciativa como una necesidad ante el envejecimiento poblacional.
Los interesados podrán solicitar la regularización desde el 16 de abril de forma telemática, y a partir del día 20 podrán acudir presencialmente a formalizar el trámite.
La medida, de acuerdo con la cuenta del Palacio de La Moncloa en X, está dirigida a personas que cumplan los siguientes requisitos:
Que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026.
Que hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida.
Carezcan de antecedentes penales y no sean amenaza para el orden, la seguridad o salud pública.
Regularización tras presión social y debate político
El decreto responde a una iniciativa legislativa popular que reunió más de 600 mil firmas, aunque posteriormente quedó bloqueada en el Congreso por falta de acuerdos políticos.
El gobierno estima que la medida permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo, reconociendo la situación de cientos de miles de personas que ya forman parte de la economía y la sociedad española.
En una carta pública, Sánchez afirmó que la regularización es un acto de “normalización” y también una respuesta a la necesidad de mano de obra en un país que envejece y requiere nuevos cotizantes para sostener servicios como la sanidad y las pensiones.
Críticas de la oposición y recursos judiciales
La decisión ha generado rechazo en la oposición. El Partido Popular calificó la medida como un “sinsentido” y una “barbaridad”, y anunció que recurrirá a distintas instancias para frenarla.
Por su parte, Vox adelantó que llevará el decreto ante el Tribunal Supremo y lanzó una campaña contra lo que considera inmigración masiva.
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