Con un liderazgo todavía sin rivales, el gigante petrolero Chevron firmó el lunes dos acuerdos clave con el régimen de Delcy Rodríguez que le permitirán reorganizar sus activos en Venezuela para enfocarse en la expansión de sus operaciones de crudo extrapesado en un área clave de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Por: El País
Bajo los acuerdos firmados en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Chevron aumentó su participación en una de las empresas mixtas que opera con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la explotación de crudos extrapesados en la Faja del Orinoco, Petroindependencia: pasó de 35,8% a 49%, explicó la empresa en un comunicado.
Además, acordó recibir los derechos para desarrollar otro bloque, el Ayacucho 8, que le permite incrementar el área geográfica de su proyecto más grande en Venezuela, Petropiar. Esto reafirma la posición que la empresa ha ganado en años recientes como el mayor productor privado del Orinoco, una región esencial para el desarrollo de crudos pesados y extrapesados con más de 80% de las reservas totales del país.
Acuerdos como los firmados este lunes son parte de una sorpresiva apertura a la inversión extranjera que está surgiendo tras la operación militar con la que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro y forzó la constitución de un régimen en manos de Rodríguez. Desde entonces, el presidente Donald Trump intenta impulsar un ambicioso plan —de 100.000 millones de dólares— para la reconstrucción energética en Venezuela. En tiempo récord, la Asamblea Nacional de Venezuela —de mayoría chavista— aprobó en enero una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza las condiciones de participación de las petroleras privadas.
Las negociaciones entre Chevron y el régimen de Rodríguez no son casuales. La corporación fue la única productora estadounidense en acceder a una migración forzosa hacia el modelo de empresa mixta del expresidente Hugo Chávez, mientras sus competidoras —principalmente ConocoPhillips y Exxon Mobil— se marcharon del país tras introducir demandas —que siguen sin resolverse 20 años más tarde— por el cobro de sus activos expropiados.
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