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El «estallido social» en Bogotá fue un plan orquestado con grupos ilegales y no un evento espontáneo

La primera línea en Colombia nació durante el estallido social entre finales de 2019 y principios de 2020. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

 

Un reciente y contundente fallo del Tribunal Superior de Bogotá ha dado un giro radical a la narrativa sobre los disturbios ocurridos en la capital durante el denominado «estallido social». Tras un exhaustivo análisis jurídico, la sentencia de la Sala de Decisión Penal concluye que los actos de terrorismo y vandalismo que paralizaron la ciudad colombiana no fueron el resultado de un agotamiento social fortuito, sino el fruto de una participación probada y coordinada entre células urbanas y grupos armados al margen de la ley.

Por EL TIEMPO

La providencia, bajo la ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, revela que varios jóvenes procesados no solo mantuvieron contactos constantes con miembros del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las Farc, sino que operaron bajo sus directrices directas.

La investigación judicial, revelada en detalle por Noticias Caracol, permitió establecer que estos individuos recibieron instrucciones específicas para reclutar personal, adoctrinar jóvenes e infiltrar universidades públicas y privadas con el objetivo de ejecutar acciones violentas de manera simultánea.

De acuerdo con el documento judicial, los implicados actuaban bajo un mando unificado para atacar sistemáticamente a la Fuerza Pública y al sistema de transporte masivo Transmilenio. El fallo es enfático al señalar que estas conductas excedieron cualquier ejercicio legítimo del derecho a la protesta o la libre expresión, convirtiéndose en una estrategia de guerra urbana financiada y avalada por cabecillas de las disidencias, entre ellos los alias Mordisco y ‘Gentil Duarte’.

La organización criminal estructuró su accionar mediante redes de mensajería instantánea, creando grupos de WhatsApp denominados según los puntos neurálgicos de la ciudad, como «Américas», «Carrera Séptima», «Autonorte», «Autosur» y «Caracas». A través de estos canales, se inducía a los manifestantes a cometer delitos graves que incluyeron la quema y robo de buses zonales, el bloqueo de vías principales, el choque deliberado de alimentadores y el saqueo a supermercados de grandes superficies.

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