Representantes del magisterio merideño, agrupados en el Sinvema – Mérida y la Federación Venezolana de Maestros, se movilizaron este miércoles hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo para consignar un pliego de reclamos que denuncia la vulneración sistemática de los derechos laborales de los educadores en la región.
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La jornada estuvo marcada por la entrega de un documento de amparo al jubilado y la exigencia inmediata de un ajuste salarial conforme a la ley.
?La vocera sindical Silveira Duarte enfatizó que la situación de los docentes en espera de jubilación ha llegado a un punto crítico.
Denunció que existen profesionales con 28 años y hasta 30 años de servicio que aún no reciben su resolución correspondiente, lo que calificaron como una violación directa al artículo 89 de la Constitución Nacional, el cual establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
«Es un derecho otorgado por años de entrega que hoy se ve truncado por la excesiva demora administrativa», señaló, advirtiendo que de no obtener respuesta, las acciones de protesta se trasladarán directamente al Ministerio de Educación y a instancias nacionales.
?Por su parte, Marisela Molina, secretaria general de Sinvema Mérida, detalló que la comisión también exigió el cumplimiento del artículo 91 constitucional para garantizar un salario digno.
Molina subrayó la necesidad urgente de retomar las negociaciones de la tercera convención colectiva única y unitaria, amparada en el artículo 96 de la Carta Magna y el 431 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT).
?Asimismo, la dirigencia gremial en la vocería de Ramón Alí Contreras? solicitó formalmente la eliminación del instructivo Onapre al que señaló como el principal responsable del «aplanamiento» de los sueldos y de la eliminación de beneficios históricos como las primas por jerarquía y bonificaciones establecidas en las contrataciones colectivas.
Los representantes del magisterio concluyeron que se mantendrán en las calles defendiendo los derechos sociales del docente venezolano frente a lo que consideran una política de asfixia laboral.
