Las autoridades de Indonesia dijeron este martes que investigan un centro infantil en Yogyakarta, al sur de la capital, en el que 13 trabajadores, incluido el director, fueron detenidos tras ser acusados de maltratar a los niños, todos menores de cinco años, mediante largas ataduras de pies y manos otras vejaciones.
En una nota de prensa, la Policía de Yogyakarta explicó que los 13 sospechosos del centro ‘Little Aresha’ se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión, mientras continúan las pesquisas en un caso que ha conmocionado al país.
«Los actos de violencia comenzaban cuando los niños llegaban por la mañana. Al parecer, se les desnudaba y luego se les mantenía atados durante un tiempo determinado, liberándolos únicamente para comer o bañarse», dijo el jefe de Investigación Criminal de Yogyakarta, Riski Adrian.
Según el reporte policial, 11 cuidadores admitieron haber cometido actos de violencia contra los niños pero alegan órdenes directas del director del establecimiento y anuencia del responsable de la escuela que supervisaba el centro.
«Se sospecha que las prácticas violentas se han llevado a cabo durante mucho tiempo y se han transmitido de generación en generación. Los cuidadores afirman que los métodos les fueron legados por sus predecesores», señala el escrito.
Hasta ahora, al menos tres niños fueron sometidos a evaluaciones médicas y forenses, cuyos «resultados mostraron heridas en las muñecas, que se sospecha fueron causadas por ataduras».
Además, las autoridades presumen de que el centro, de carácter privado, alojaba a más niños de los que podía cuidar para obtener mayores ganancias, lo que se tradujo en la práctica en un estado de hacinamiento los menores.
Por su parte, la Comisión Nacional de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) consideró que el caso evidencia una grave vulneración de los derechos de la infancia en entornos que deberían ser seguros, y pidió las máximas sanciones a los acusados para «generar un efecto disuasorio».
Además, instó al Gobierno a evaluar de forma exhaustiva todos los establecimientos de esta índole en Indonesia. «Es urgente verificar no solo sus licencias operativas, sino también la competencia de su personal y el cumplimiento de los estándares de protección infantil», agregó. EFE
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