El estado Bolívar, epicentro de la actividad minera en Venezuela, alza su voz ante la próxima promulgación de la nueva Ley Orgánica de Minas, actualmente en debate en la Asamblea Nacional tras su aprobación en primera discusión.
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Rachid Yasbek, coordinador de Unión y Cambio en la entidad, advirtió que, aunque la ley ofrece una seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones al sector, presenta vacíos críticos que deben ser subsanados para evitar que la riqueza mineral pase de largo por las regiones productivas.
El dirigente destacó tres observaciones fundamentales que presentarán a través de la Fracción Libertad: la urgencia de protocolos de seguridad laboral tras años de accidentes impunes en el sur del país; el fin de exenciones fiscales que calificó de “inconstitucionales”; y la descentralización de las regalías mineras.
“No podemos permitir que las regalías se centralicen totalmente. Cada municipio afectado por la extracción debe recibir un porcentaje directo para su desarrollo. Eso es practicar el federalismo que dicta la Constitución”, sentenció Yasbek.
Asimismo, enfatizó que es absurdo que una empresa venga a invertir y no pague impuestos que van al bienestar social. Cuestionó el artículo 94 de la propuesta de Ley de Minas, señalando que las exenciones fiscales previstas podrían convertir el instrumento en una pieza inconstitucional.
Pese a las críticas, Yasbek considera que el proceso también abre una oportunidad para reorganizar al sector minero venezolano. “Estamos viendo una oportunidad para reconstruir el proyecto no petrolero de Venezuela. Hay empresas listas para volver al hierro, aluminio y acero, pero la ley debe proteger primero a nuestra gente y a nuestros municipios”, afirmó.
Observaciones planteadas
Entre las propuestas presentadas por Unión y Cambio Bolívar destacan varios puntos orientados a fortalecer el control institucional, la seguridad laboral y el desarrollo regional.
Exigen que la ley incluya permisología clara y sanciones laborales ante la ola de accidentes en el sur del país. “Hoy el Estado no sigue los protocolos de ley con el tema de accidentes y condiciones de trabajo”, advirtió Yasbek.
También proponen que una cuota de la extracción minera vaya directamente a las alcaldías de los municipios donde se desarrollen los proyectos, más allá de los impuestos de actividad económica.
Plantean que las grandes concesiones mineras no queden únicamente en manos de la Procuraduría, sino que deban ser aprobadas también por la Asamblea Nacional. Consideran que el Estado debe ser eficiente cobrando menos impuestos, pero no exonerando de sus deberes fiscales a las grandes transnacionales que operen en el país.
Para el dirigente, el reto de la nueva legislación es equilibrar la atracción de inversiones con la protección social y territorial de las zonas mineras. “No se trata solo de abrir el sector. Se trata de hacerlo con reglas claras que beneficien primero a los trabajadores y a las comunidades que sostienen esta actividad”, concluyó.