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Crisis penitenciaria: OVP denunció nuevas muertes bajo custodia del Estado los primeros días de mayo

Dos reclusos murieron en los primeros cinco días de mayo bajo custodia del Estado venezolano. Foto X @oveprisiones

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes la muerte de dos personas privadas de libertad durante los primeros días de mayo, bajo custodia del Estado venezolano.

Por lapatilla.com 

De acuerdo con la organización, las víctimas fueron identificadas como José Espinales, de 23 años, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, y Francisco Segundo Ojeda, quien permanecía detenido en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, en Guárico.

Ambos fallecieron por motivos de salud, en medio de lo que el OVP calificó como una grave crisis en el sistema penitenciario del país.

En el caso de Espinales, el joven murió tras padecer una enfermedad respiratoria que lo mantuvo hospitalizado por más de cinco meses.

Durante ese tiempo, según la denuncia, permaneció esposado a una cama y su familia tuvo que asumir todos los gastos médicos, incluyendo tratamientos e insumos.

El OVP resaltó que el joven era oriundo del estado Yaracuy y falleció lejos de su lugar de origen, evidenciando el impacto del traslado de reclusos en sus entornos familiares.

Sobre Francisco Segundo Ojeda, la organización señaló que su muerte responde al mismo patrón: privados de libertad que enferman y no reciben atención médica oportuna ni adecuada.

La ONG advirtió que estos casos no son hechos aislados, sino parte de una práctica reiterada que ha venido documentando en los centros de reclusión del país.

En ese sentido, indicó que las muertes por causas de salud se han convertido en una constante dentro de las cárceles venezolanas.

El OVP aseguró que esta situación refleja violaciones sistemáticas a los derechos a la vida, la salud y el trato digno de la población reclusa.

Asimismo, exigió al régimen de Delcy Rodríguez el cumplimiento del artículo 272 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas en el sistema penitenciario.

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