No es solo una intuición o una alerta. Un estudio probó cómo funciona el mercado ilícito de datos a través de Telegram en Latinoamérica y los hallazgos son perturbadores. En al menos 27 grupos activos en esta plataforma en Brasil, Perú y Argentina, se identificó una tienda 24 horas de compra y venta de datos personales sensibles. Lo más grave es que muchos de sus compradores los usan como arma arrojadiza contra las mujeres y los niños. En suma, un mercado ilícito digital que contribuye a la violencia de género.
Por: El País
‘Identidades en venta’, como se titula el estudio hecho por la ONG Derechos Digitales, analizó grupos en estos tres países entre octubre de 2024 y febrero de 2025 y encontró que a través de bots—en algunos casos de humanos— y mediante esquemas de pago digitales, se accede de forma inmediata a datos personales sensibles en esta plataforma. A un clic se mercadea con la identidad de los latinoamericanos.
“La venta de datos personales se ha convertido en un negocio lucrativo dentro de la economía digital clandestina: documentos de identidad, números telefónicos, direcciones de domicilios, historiales financieros, de salud o información de familiares circulan en Telegram sin consentimiento y exponen a millones de personas a distintos tipos de riesgos”, indica el estudio.
Lo más preocupante es que hay indicios de que parte de la información que circula podría provenir, directa o indirectamente, de bases de datos públicas o registros oficiales. Esa es una de las conclusiones más serias porque evidencia las vulnerabilidades en la gestión estatal de información en un momento de creciente digitalización de servicios públicos y cuando los Gobiernos de la región recopilan cada vez más volúmenes de datos de los ciudadanos.
Para Paloma Lara-Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales y coordinadora de la investigación, el fenómeno desnuda la gran fragilidad estructural de América Latina frente al manejo de datos, una falta de cultura sólida que se expresa en vulnerabilidades normativas, institucionales y de seguridad de la información. “En cuanto a lo normativo hay vacíos y legislaciones de protección de datos desconectadas de las de ciberseguridad; las fragilidades institucionales tienen que ver con que las autoridades encargadas de aplicar estas normativas, en general, carecen de independencia o recursos o capacidad para supervisar al propio Estado”, explica.
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