Un grupo de contribuyentes, emprendedores y comerciantes de Puerto Ordaz y San Félix, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, denunciaron lo que califican como el inicio de una «cacería de brujas administrativa».
Por lapatilla.com
La denuncia apunta directamente a la gestión de una funcionaria identificada como Deivis Carolina Fernández, dentro de la Superintendencia de Tributos Caroní, al sur del país. Se le acusa de imponer trabas arbitrarias que asfixian la economía local.
Los afectados señalan que Fernández usurpa funciones del Superintendente Municipal al emitir órdenes que carecen de una base legal. Además, resaltan que la funcionaria arrastra, presuntamente, un historial de opacidad en gestiones previas en la alcaldía de Piar (Upata), donde comerciantes locales también denunciaron operaciones similares durante su paso por esa institución.
Según lo detallado por las víctimas, se aplica un «retraso intencional en la aprobación de Licencias de Actividad Económica como medida de coacción para forzar pagos de deudas en disputa».
Asimismo, denuncian que «obligan a los contribuyentes a renunciar a convenios de pago previamente suscritos y legalmente vigentes, y exigen pagos inmediatos sobre montos que han sido impugnados, vulnerando el derecho a la defensa».
Por último, critican el uso del cierre de locales como «primera y única herramienta de presión», en lugar de fomentar la regularización. El sector comercial dirigió preguntas directas al alcalde de Caroní, Yanny Alonzo, cuestionando por qué se ha permitido este cambio radical en la política tributaria que, hasta hace poco, mostraba apertura mediante ordenanzas de remisión y diálogo.
«Esta señora pareciera apostar al retraso o la quiebra de los negocios, o a fomentar la informalidad. Muchos queremos aportar a la ciudad, pero en la alcaldía lo que conseguimos son trabas (…) Después de empezar tan bien y tener un respiro en la Superintendencia, de estar bien atendidos y que el contribuyente se sintiera atendido, ella pareciera apostar al caos”, manifestaron, enfatizando que estas medidas destruyen los puentes construidos entre la gestión municipal y el sector productivo de Guayana.
Bajo la consigna «Guayana no aguanta más arbitrariedades», los emprendedores exigieron el retorno inmediato a la seguridad jurídica y el cese del acoso fiscal.
Advirtieron que el sector comercial es el motor de la ciudad y no puede ser tratado simplemente como una fuente de recaudación sin derecho a la legalidad.
