La condena de 30 años, dictada el 5 de mayo 2026, contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, por un caso iniciado en 2022, lejos de clausurar la controversia, reabre interrogantes sobre la legalidad del proceso contra los llamado Tancol.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Familiares y defensores denuncian que el expediente se construyó en medio de desapariciones temporales, torturas e irregularidades.
Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, aseguró que sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención. Según su testimonio, durante ese lapso fueron trasladados al río Torbes, obligados a arrodillarse y amenazados de muerte por funcionarios. También denunció que fueron golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días.
Villamizar sostiene que sus hijos fueron detenidos en San Cristóbal, estado Táchira, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y luego trasladados a Rodeo II y posteriormente a Yare.
La familia denuncia que, antes de cualquier sentencia firme, ya eran presentados como terroristas. Para los allegados, esa marca previa no solo condicionó la percepción pública del caso, sino que también comprometió garantías básicas del debido proceso.
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