El abogado y productor agropecuario merideño Tito Volcanes, de 66 años, se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro de salud privado en la ciudad de Barinas, tras enfrentar un grave deterioro de salud derivado de su reclusión en el centro penitenciario Injuba.
Por LaPatilla.com
Volcanes, quien es paciente cardíaco crónico, sufrió un paro intestinal que derivó en una peritonitis severa, situación que sus abogados y familiares atribuyen directamente a la negligencia, el aislamiento absoluto y la alimentación precaria a la que fue sometido durante semanas.
Tras ser intervenido quirúrgicamente en múltiples ocasiones desde el 20 de mayo para retirar tejido necrótico de su intestino, el paciente permanece en coma inducido y con pronóstico reservado debido a una septicemia y el deterioro acumulado.
Aunque el pasado 19 de mayo un tribunal le otorgó una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, el panorama para la familia se ha tornado sumamente tensa y atemorizante.
Lejos de la indiferencia inicial, desde la madrugada del jueves 21 de mayo, los familiares de Volcanes han sido objeto de una extraña “atención” por parte de funcionarios del Estado.
Efectivos del Sebin y personas que dicen “actuar en nombre del Ministerio de Asuntos Penitenciarios”, se han presentado ante la familia insistiendo de manera invasiva en cubrir todos los gastos médicos de la hospitalización y ofrecer diversos apoyos logísticos.
Esta presencia ha sido recibida con profundo rechazo y temor, ya que el centro asistencial se encuentra actualmente con funcionarios del Sebin apostados tanto en la puerta principal como en las inmediaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos.
La familia de Tito Volcanes al recordar la agresividad con la que los organismos de seguridad actuaron durante su detención arbitraria en octubre de 2024 —cuando fue encarcelado junto a Luis Carlos Peña bajo cargos de traición a la patria y asociación para delinquir, sin tener relación alguna con la fuga del exalcalde Abraham Hayón—, percibe este despliegue como una forma de acoso.
Ante la insistencia del Gobierno, los familiares han sido enfáticos en exigir que se retiren los funcionarios y que los dejen en paz. Han dejado claro que no desean ayuda económica estatal y que, aunque no poseen grandes recursos, están logrando solventar la recuperación de Tito mediante la solidaridad de amigos y allegados.
Solo piden tranquilidad para que Tito Volcanes, cuya salud está severamente comprometida, pueda sobrevivir.
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