El diputado a la Asamblea Nacional y segundo vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, José Gregorio Correa, informó que este jueves 14 de mayo inicia el proceso de gestión para la propuesta que busca regular las tarifas de los estacionamientos en el ámbito nacional.
Como parte de este cronograma, el próximo viernes se llevará a cabo una reunión en el Ministerio de Transporte con los sectores involucrados para presentar una propuesta sólida ante la cámara el martes siguiente.
En una entrevista a Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio, Correa resaltó que la problemática de los costos de estacionamiento afecta a todo el país. Por ello, el planteamiento central consiste en dividir el territorio por regiones para establecer tabuladores diferenciados. La denominada “Tarifa Tipo A” se aplicaría en Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta, Bolívar y Lara, con costos proyectados de $2 por una hora, $4 hasta dos horas, $5 a partir de la tercera hora y $10 por la pernocta.
Criterios para la fijación de precios
Para establecer lo que el diputado denomina como “tarifas justas”, la propuesta del parlamento se fundamenta en cuatro pilares: ubicación geográfica, tiempo de permanencia, costos operativos de las empresas y, fundamentalmente, la capacidad de pago del ciudadano. Correa enfatizó que los ingresos de los usuarios varían considerablemente según la región, por lo que la “Tarifa Tipo B” supondría un costo de un 20 % menos respecto a la categoría principal.
En la elaboración del proyecto participan activamente entes como la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación Nacional de Estacionamientos. El parlamentario subrayó que el objetivo del gobierno legislativo no es criminalizar ni quebrar al sector empresarial, sino encontrar un punto de equilibrio que beneficie tanto al administrador como al usuario final.
Exhorto contra la escasez y la informalidad
El diputado aclaró que la propuesta no se tramitará como una ley, sino como un exhorto para establecer un tabulador de costos. Esta medida busca evitar consecuencias negativas derivadas de regulaciones no consultadas, tales como el cierre de locales, el deterioro de las instalaciones, la informalidad o la escasez de espacios para aparcar.
“Hay que escucharlos a todos, usted no puede hacer una camisa de fuerza que perjudique al empresario y al usuario (…) las regulaciones por lo general traen escasez cuando no son consultadas”, acotó Correa, insistiendo en que el consenso entre los sectores es la única vía para garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo.
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