La transición venezolana volvió a quedar interpelada este 15 de abril desde Washington con una carta pública de alto voltaje político que, por su tono, por su destinatario y por el momento en que irrumpe, rebasa con mucho el lenguaje habitual de los pronunciamientos institucionales. Arcadia Foundation, organización no gubernamental sin fines de lucro registrada en Washington, D.C., dirigió una exigencia formal al nuevo Encargado de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, para reclamarle que no reproduzca la pasividad que, a juicio de la organización, marcó la etapa anterior, y que asuma de inmediato una línea de firmeza pública frente a tres asuntos que considera decisivos para impedir que la crisis venezolana siga siendo administrada como simulacro: la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, el cese de la censura y de la persecución contra periodistas y medios de comunicación, y la apertura urgente de un proceso real de desarme de los colectivos y de todas las estructuras armadas irregulares que continúan ejerciendo control social en el país.
La carta, firmada por Robert Carmona-Borjas en nombre de Arcadia Foundation, no se limita a formular observaciones ni a sugerir prioridades diplomáticas. Está escrita como una impugnación frontal a cualquier intento de tratar el momento venezolano como una transición ordinaria entre actores institucionales convencionales. El documento parte de una premisa tajante: Venezuela no está saliendo todavía de una controversia política normal, sino de una devastación prolongada causada por una estructura criminal de poder que convirtió la represión, la manipulación, la censura y la coerción armada en mecanismos permanentes de gobierno. Desde esa lógica, la llegada de John Barrett a Caracas no es presentada como un relevo burocrático, sino como una prueba política. Arcadia le advierte desde las primeras líneas que no llega para administrar una presencia protocolar ni para dosificar silencios diplomáticos, sino para actuar en un escenario donde la firmeza ya no es una opción de estilo, sino una obligación.
Lo más significativo del texto es que no se mueve dentro del vocabulario temeroso con el que tantas veces se ha intentado rodear el caso venezolano. La organización no disfraza su diagnóstico con prudencias de escritorio ni con reverencias a fórmulas agotadas. Sostiene, por el contrario, que en la hora actual la intervención firme de los Estados Unidos no solo es legítima, sino indispensable para el restablecimiento de la paz, la libertad y el orden democrático en Venezuela. Esa afirmación, colocada sin rodeos en el arranque mismo de la carta, define el tono de todo lo que sigue. Arcadia no está pidiendo acompañamiento. Está exigiendo conducción. No está apelando a la contemplación de una tragedia. Está reclamando ejecución política sobre el terreno.
En ese marco, la nueva comunicación adquiere también el valor de una enmienda severa a la gestión saliente. Arcadia recuerda que ya había dirigido una carta pública previa a Laura Dogu, antecesora de Barrett, y afirma que aquel llamado no recibió respuesta ni produjo acción perceptible sobre materias que ya entonces juzgaba esenciales. Esa referencia no aparece como antecedente decorativo, sino como parte central del argumento. La organización deja claro que la nueva jefatura diplomática no puede permitirse heredar la misma inercia ni refugiarse en el mismo compás de espera. Lo que se le reclama a Barrett, en consecuencia, no es sensibilidad discursiva, sino una ruptura concreta con la pasividad anterior.
El primer núcleo de la exigencia se concentra en los presos políticos. La carta describe como obsceno el espectáculo de excarcelaciones administradas por goteo y denuncia su uso como herramienta propagandística, como cálculo de presión y como simulacro de apertura. En uno de sus pasajes más incisivos, el documento afirma que un preso político no es una ficha de negociación ni una mercancía para producir titulares dosificados, sino una persona secuestrada por el poder. Esa formulación no es una licencia retórica aislada. Resume la acusación de fondo: mientras la libertad siga siendo administrada como concesión parcial de quienes nunca debieron arrebatarla, no habrá transición digna de ese nombre. La exigencia de Arcadia no deja márgenes para componendas lingüísticas ni para coreografías graduales. Reclama libertad inmediata, plena y verificable para todos los presos políticos, sin teatralización, sin cuentagotas y sin la perversión de presentar como magnanimidad tardía lo que no es más que el fin, siempre incompleto, de una injusticia infame.
El segundo eje del documento se detiene en la censura y en la persecución contra periodistas y medios de comunicación. Aquí la carta abandona cualquier tentación de tratar la libertad de prensa como una variable secundaria del conflicto venezolano. La presenta, con razón, como uno de los pilares estructurales de la dominación. Allí donde informar sigue siendo castigado, donde se hostiga al periodismo independiente, donde se bloquea, se amenaza, se procesa penalmente o se intimida a quienes documentan la verdad, no puede hablarse seriamente de restablecimiento democrático. Arcadia formula este punto con una frase de enorme densidad política: una sociedad amordazada no entra en transición; entra en confusión dirigida. En esa sentencia está condensada una idea central del documento: la mentira de Estado no se desmonta mientras la circulación de la verdad siga sometida al castigo, al miedo o a la represalia. Por eso la carta le reclama a la misión estadounidense que deje de tratar la libertad de prensa como un asunto periférico y la asuma como un requisito estructural del proceso mismo.
Pero el punto más explosivo del texto es, sin duda, el tercero: el desarme inmediato de los colectivos y de todas las estructuras armadas irregulares que siguen ejerciendo control social sobre la población. Arcadia convierte este asunto en la prueba definitiva de la autenticidad o falsedad de cualquier transición. Mientras esas armas sigan intactas, sostiene la carta, toda conversación sobre normalización será una ficción administrada bajo intimidación. No basta con hablar de estabilidad. Hay que construirla. Y la estabilidad real solo comienza cuando el ciudadano deja de vivir bajo la amenaza del grupo armado que patrulla, vigila, castiga, amedrenta o ejecuta por delegación del poder. La exigencia no se formula como desiderátum remoto ni como fase futura de una eventual negociación, sino como urgencia inmediata: un proceso público, urgente y verificable de identificación, incautación, entrega, destrucción y trazabilidad del armamento ilegal, con participación y acompañamiento de instancias internacionales competentes. Es, en realidad, uno de los puntos más contundentes de toda la carta, porque desplaza el debate venezolano desde la superficie del lenguaje político hacia el problema material del poder armado real.
El documento va todavía más lejos al advertir que el régimen, o lo que queda de sus estructuras de mando, no está esperando para desaparecer, sino trabajando para reordenarse. Esa observación da a la carta una densidad estratégica superior. No se trata solo de denunciar abusos persistentes, sino de señalar el riesgo de que la transición sea saboteada desde dentro por el mismo aparato que durante años destruyó la República. Cada día sin decisiones claras, sostiene Arcadia, sirve para recomponer lealtades, intimidar testigos, preservar mandos, infiltrar la conversación pública, administrar miedo y conservar capacidad de chantaje. En otras palabras, el tiempo no opera aquí como neutralidad, sino como recurso de supervivencia autoritaria. Por eso el documento insiste en que la transición venezolana no puede ser entregada a esa lógica de reacomodo. Debe ser dirigida con suficiente fuerza para impedir que la tiranía mutile desde dentro aquello que ya no puede controlar abiertamente.
El pasaje dedicado a los intereses de los Estados Unidos revela otro de los movimientos más deliberados de la carta. Arcadia no plantea sus exigencias como si colisionaran con la agenda estratégica de Washington. Hace exactamente lo contrario. Afirma que los intereses estadounidenses y la necesidad histórica de la reconstrucción democrática de Venezuela convergen aquí de manera nítida. A Washington le conviene una Venezuela libre, estable, desmontada de sus aparatos de terror, impermeable al reciclaje del narcotráfico político y ajena al resurgimiento de redes autoritarias funcionales a intereses hostiles al hemisferio. A los venezolanos, subraya la carta, les conviene exactamente lo mismo. No hay contradicción entre ambas finalidades. Hay coincidencia estratégica y coincidencia moral. Ese pasaje no solo le da coherencia geopolítica al reclamo; también lo blinda frente a la caricatura de quienes intentan presentar toda exigencia de firmeza como interferencia indebida.
La apelación final al presidente Donald J. Trump refuerza esa misma línea. Arcadia sostiene que la historia política venezolana tendrá que reconocer, por generaciones, que su intervención modificó un curso que durante años pareció condenado a la perpetuación del crimen organizado en el poder. Pero añade de inmediato que ese reconocimiento histórico podría quedar incompleto si en el terreno la ejecución diplomática se vuelve tibia, vacilante o insuficiente. Es una advertencia calculada. El mérito estratégico de alterar el tablero puede perderse si luego se consiente que la indecisión arruine la oportunidad. La carta, en ese sentido, no solo presiona a Barrett. Lo coloca frente a una vara política altísima: estar a la altura de la acción que dice representar.
Lo que Arcadia ha hecho con este documento no es emitir una nota de apoyo ni un comunicado genérico de preocupación. Ha colocado sobre la mesa una definición severa del momento venezolano y una exigencia concreta de comportamiento político para la nueva representación estadounidense en Caracas. Su mensaje de fondo es inequívoco: no habrá transición real mientras continúen las liberaciones manipuladas, la censura intacta y las armas en manos de estructuras irregulares. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en escenografía diplomática alrededor de una opresión todavía viva.
El relevo de Laura Dogu por John Barrett, que pudo haber pasado como un movimiento administrativo dentro del engranaje diplomático estadounidense, queda así convertido en un punto de quiebre y de evaluación. Arcadia le ha dicho al nuevo encargado de negocios que no se le juzgará por la corrección de sus formas ni por la prolijidad de sus comunicados, sino por su capacidad de romper con la inercia, asumir la gravedad del momento y ejercer la presión que corresponde. En una frase final que resume el espíritu entero del texto, la organización advierte que cuando la libertad de un país depende de decisiones que deben tomarse con firmeza, el silencio no es prudencia: es concesión. Y Venezuela, añade en esencia la carta, ya ha pagado demasiado caro el precio de las concesiones.
Se adjunta un enlace al comunicado oficial:
Vía NdP