La Academia de Ciencias Políticas y Sociales condenó este miércoles 13 de mayo la desaparición forzada y muerte de Víctor Hugo Quero Navas y afirmó que el caso representa “gravísimas violaciones de los derechos humanos” y un atentado contra los principios del Estado democrático y de Derecho en Venezuela.
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A través de un comunicado, la institución señaló que la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, pasó 10 meses buscándolo en cárceles, hospitales, tribunales, sedes policiales y organismos del Estado sin obtener respuestas sobre su paradero. La Academia indicó además que una acción de habeas corpus presentada con apoyo del Foro Penal “no fue siquiera recibida por los tribunales competentes”.
Asimismo, el documento destacó contradicciones entre comunicaciones oficiales emitidas por organismos del régimen chavista. Según la Academia, la Defensoría del Pueblo informó el 24 de octubre de 2025 que Quero permanecía recluido en Rodeo I, mientras que un comunicado del Ministerio para el Servicio Penitenciario fechado el 7 de mayo de 2026 aseguró que el detenido murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar.
Además, la corporación sostuvo que el caso debe investigarse conforme a estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota y el Protocolo de Estambul. La Academia pidió determinar responsabilidades en toda la cadena de mando, incluidos funcionarios policiales, militares, fiscales, jueces, autoridades penitenciarias y personal médico que tuvo participación en el caso o acceso a información sobre la detención y muerte de Quero.
Entretanto, el pronunciamiento recordó que la Constitución prohíbe la desaparición forzada incluso en estados de excepción y destacó que Venezuela está obligada, por tratados internacionales y por el Código Penal, a sancionar este tipo de delitos. La Academia instó al chavismo a investigar de manera independiente los hechos, sancionar a los responsables y garantizar reparación integral a los familiares de la víctima.
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