Cuando un juez federal falló la semana pasada que los venezolanos podían renovar su protección migratoria temporal en Estados Unidos, tras meses de litigio con el Gobierno de Donald Trump, apenas unas 20 personas se reunieron para celebrar afuera del restaurante el Arepazo, en Doral, Florida, un punto neurálgico del mayor enclave de venezolanos en el país.
Por Abel Fernández | EL PAÍS
“En condiciones normales, ibas a ver 2.000 personas aquí en el Arepazo. Cuando se murió [Hugo] Chávez, vinieron 2.500, trancaron las calles. Eso demuestra que la gente, a pesar de la decisión del juez, no está tan segura y dice: ‘Mejor me quedo en mi casa, no me voy a arriesgar a que me agarre la policía y me saquen de aquí’. Hay miedo”, dice José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), mientras toma un café en ese restaurante, el único en la región con una estatua de Simón Bolívar.
La diáspora venezolana ha visto en los últimos meses cómo el Gobierno que apoyaron parece haberlos abandonado. La Administración Trump les ha tratado de quitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), ha cancelado programas migratorios humanitarios que permitían a cientos de miles vivir y trabajar legalmente en el país, y las autoridades están deteniendo en las cortes de Inmigración a quienes buscan asilo, mientras la narrativa oficial que los asocia con el Tren de Aragua los estigmatiza. Al mismo tiempo, el presidente Trump se ha puesto en pie de guerra contra el régimen de Maduro con el envío de una flotilla de buques al límite de las aguas territoriales venezolanas y ha elevado la tensión con Venezuela a su máximo punto en años. En el contexto actual, los venezolanos en Estados Unidos son presentados a la vez como víctimas del chavismo y como criminales en tierras estadounidenses.
En Doral, una ciudad de unos 40.000 kilómetros cuadrados al noroeste de Miami donde una de cada tres personas es de origen venezolano, la política migratoria de Trump ha sido una píldora difícil de tragar. La mayoría de los votantes de la joven ciudad están afiliados al Partido Republicano, según cifras del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Muchos patrocinaron familiares bajo los programas del Gobierno de Biden, que ahora han tenido que marcharse o están escondidos con miedo a ser arrestados. Otros llevan décadas en el país y han realizado activismo contra el régimen de Nicolás Maduro, lo que los expondría a un riesgo grave de persecución o represalias en caso de ser deportados. Y todos observan perplejos cómo Estados Unidos despliega destructores para enfrentar el narcotráfico frente a las costas de su país, al que igualmente afirma que es seguro regresar.
“Es completamente traumático. Una cosa es buscar al indocumentado y otra cosa es dejar a la gente en situación de ilegalidad”, dice Colina. “No nos están viendo como una comunidad que está afectada por problemas políticos, sino como un número de migrantes que pueden ser deportados para cumplir una promesa electoral. La comunidad venezolana que votó por él, votó para que sacara a [Nicolás] Maduro del poder, no para que sacara a los venezolanos de Estados Unidos”.
El TPS permite a personas de países que se encuentran en condiciones excepcionales, como desastres naturales o crisis humanitarias, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, y debe ser renovado cada 18 meses. Unos 250.000 venezolanos recibieron TPS en 2021, entre ellos Colina, después de abogar por años por una protección para quienes habían huido del chavismo y les era imposible regresar, mientras sus casos de asilo avanzaban a cuentagotas en las cortes migratorias.
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