De manera reiterada se habla de la necesidad de una reactivación económica basada en el aumento de la producción nacional para sustituir importaciones y convertir al país en exportador, no solo de recursos naturales, sino también de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros con valor agregado industrial. Este objetivo permitiría generar empleo, fortalecer el aparato productivo y mejorar las condiciones sociales de la población.
No obstante, poco se profundiza en las causas de la caída de la producción nacional. Nuestro país llegó a cubrir casi la totalidad del consumo interno e incluso exportaba parte de su producción. Hoy enfrentamos una realidad distinta. Miles de empresas agrícolas, pecuarias, pesqueras e industriales que pasaron al control público registran niveles de producción mínimos o inexistentes. La comparación entre los volúmenes del 2000 y los de 2025 evidencia caídas de hasta 50% o más en numerosos sectores, lo que nos ha convertido en un país dependiente de las importaciones para cubrir el consumo nacional.
A esta situación se suma el impacto fiscal. Muchas de estas empresas operan con pérdidas sostenidas que deben ser cubiertas con recursos públicos, lo que contribuye al déficit financiado por el Banco Central. Este esquema no solo debilita las finanzas públicas, sino que también incide en la inflación y en la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Ante este panorama, resulta imprescindible revisar y modificar las leyes que permitieron la estatización de amplios sectores de la economía. Es necesario evaluar mecanismos que faciliten la devolución de empresas y propiedades a sus legítimos propietarios, especialmente en los casos donde no se cumplió con las compensaciones previstas en la legislación de expropiación, así como considerar la indemnización por las pérdidas generadas durante su administración pública. Sin cambios estructurales que garanticen seguridad jurídica, inversión y eficiencia productiva, la reactivación económica seguirá siendo una aspiración y no una realidad.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
