A lo largo y ancho del país se escuchan, de forma reiterada, las exigencias de organizaciones civiles y ciudadanas que destacan la importancia de contar con seguridad jurídica, como garantía efectiva de los derechos fundamentales, entre ellos la propiedad privada, y como condición necesaria para el desarrollo de actividades productivas que permitan mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
De igual forma, la seguridad ciudadana constituye una responsabilidad indeclinable del Estado. Corresponde a las autoridades garantizar la protección de las personas, sus familias y sus bienes, asegurando condiciones mínimas de tranquilidad y convivencia social.
La protección de la vida y la integridad de los ciudadanos debe ser una prioridad para los organismos de seguridad del Estado. Venezuela cuenta con instituciones policiales de amplia trayectoria en el combate a la delincuencia, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), anteriormente PTJ, que desde su fundación obtuvo importantes logros en la lucha contra diversas formas de criminalidad.
Sin embargo, hoy observamos con profunda preocupación el incremento de la actividad delictiva en el campo venezolano, donde productores agropecuarios enfrentan modalidades de extorsión que amenazan directamente la producción nacional. El reciente secuestro y asesinato del productor agropecuario Ricardo González, en el estado Guárico, es una dolorosa muestra de esta realidad y ha permitido visibilizar ante la opinión pública la situación de vulnerabilidad que padecen ganaderos y agricultores en varias regiones del país.
Por otra parte, la seguridad jurídica es un factor determinante para generar confianza y sentar las bases necesarias que permitan atraer inversiones, aumentar la producción nacional y dinamizar la economía, con impactos positivos en el empleo, los salarios y la calidad de vida de los venezolanos. No obstante, este proceso se ha visto limitado por una serie de decretos y leyes que permitieron la apropiación, sin indemnización, de miles de empresas agropecuarias, industriales y turísticas, afectando gravemente el patrimonio de numerosos empresarios.
Hoy, con preocupación, observamos que la gran mayoría de estas empresas estatizadas no producen o apenas alcanzan el 10 % de su capacidad productiva original, presentando un marcado deterioro de sus instalaciones. Los cuantiosos recursos públicos invertidos no lograron mejorar su desempeño, y el sostenimiento de este conglomerado empresarial estatal depende en gran medida de financiamiento del Banco Central, con evidentes consecuencias inflacionarias.
La seguridad jurídica y la seguridad personal constituyen hoy factores prioritarios y determinantes para lograr un avance significativo en la reactivación económica y social que los venezolanos demandan con urgencia.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
