Al analizar el tejido empresarial nacional, se observa que más del 75% de las empresas se encuentran bajo control del Estado. Esta alta concentración de la actividad económica en el sector público abarca áreas estratégicas de gran relevancia, tales como el sector petrolero y petroquímico, aluminio, hierro y acero, banca, cemento, electricidad, oro, carbón, sílice, plantaciones forestales y aerolíneas, ferries, hoteles, entre otros.
Esta tendencia también se refleja en la actividad primaria. El Estado controla más de 15 millones de hectáreas, incluidas cerca de 6 millones incorporadas mediante la Ley de Tierras. Bajo su administración se encuentran numerosos hatos, haciendas y fincas que anteriormente pertenecían al sector privado y que pasaron al control del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Asimismo, el sector pesquero presenta una alta participación estatal, tanto en la flota como en la actividad productiva. Situaciones similares se observan en el sistema de almacenamiento agrícola (silos) y en gran parte de las agroindustrias que procesan materia prima nacional e importada.
A pesar de las importantes inversiones realizadas desde el inicio del proceso de estatización, los resultados no han sido favorables. En muchos casos, se evidencia una disminución en la capacidad productiva de empresas y tierras previamente gestionadas por el sector privado, acompañada de pérdidas significativas de recursos y la necesidad de financiamiento continuo para sostener sus operaciones. Esta situación ha contribuido al déficit fiscal, en parte cubierto mediante financiamiento del Banco Central.
Ante este escenario, el país requiere una política económica orientada a fortalecer la seguridad jurídica, promover la restitución de empresas, tierras e inmuebles afectados por procesos de expropiación sin compensación, y facilitar la transferencia al sector privado de aquellas empresas públicas que generan pérdidas sostenidas. La reasignación eficiente de estos recursos permitiría destinarlos a áreas prioritarias como infraestructura, salud, educación y otros sectores clave para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.