Las expectativas generadas por los anuncios de grandes inversiones destinadas a aumentar la producción de petróleo y gas, junto con la visita de diversas empresas mineras interesadas en la explotación de los importantes recursos minerales con que cuenta el país, indican la posibilidad de alcanzar elevados niveles de crecimiento económico. Asimismo, estos proyectos abrirían nuevas fuentes de empleo bien remunerado para los trabajadores.
El impacto de estas actividades sería evidente en distintos sectores de la economía y en toda la geografía nacional. La expansión de la industria petrolera y minera generaría una fuerte demanda de bienes y servicios necesarios para sostener las operaciones de estas empresas y las necesidades de su fuerza laboral.
La actividad petrolera y minera prevista podría impulsar el crecimiento económico del país hasta niveles superiores a los registrados en etapas anteriores, cuando se alcanzaron récords de producción en ambos sectores. En esos momentos, el país logró altos estándares de bienestar social y niveles de ingreso per cápita entre los más elevados del mundo.
Sin embargo, los grandes desarrollos que se proyectan requieren de un sector privado capaz de responder a la creciente demanda de bienes y servicios que generará la expansión de la producción petrolera y minera. Para ello, es necesario contar con empresas privadas con la capacidad productiva suficiente para atender las necesidades de este importante conglomerado industrial.
Actualmente, muchas de las empresas que podrían contribuir a este proceso se encuentran en manos del Estado, tras haber sido expropiadas en el pasado. En muchos casos, estas compañías operan hoy a niveles muy bajos de producción. Por ello, resulta necesario establecer un nuevo marco legal que facilite la transferencia de estas empresas públicas a sus antiguos propietarios o al sector privado, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica necesaria para atraer la inversión nacional y extranjera.
La derogación de las leyes expropiatorias se presenta, en este contexto, como una prioridad para que el país pueda mejorar sus niveles de producción y consumo. Estamos convencidos de que la empresa privada venezolana constituye una garantía para lograr estos objetivos y contribuir al desarrollo económico sostenible del país.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
