Los distintos factores de opinión nacional están expresando sus puntos de vista sobre la designación de los nuevos, Fiscal y Defensor del Pueblo. Estas opiniones reflejan, en gran medida, el sentir de una mayoría independiente y silenciosa que respalda los cambios necesarios para profundizar nuestra democracia y fortalecer el Estado de derecho.
La elección del o la Fiscal, así como del o la Defensora del Pueblo, representa un paso fundamental para garantizar la vigencia de los principales derechos ciudadanos y el cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución y en los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de las Naciones Unidas.
Esta designación puede convertirse en la primera demostración concreta de que se están tomando decisiones que responden a las demandas de la mayoría de los ciudadanos. No es el momento de privilegiar acuerdos políticos, sino de elegir a personas que ejerzan, con verdadera independencia, la defensa y la garantía de los derechos ciudadanos.
La sociedad civil, que hoy desempeña un rol cada vez más activo en la búsqueda de soluciones a las distintas limitaciones que afectan al país, debe ser escuchada. Sus opiniones deben convertirse en factores relevantes para lograr, si no una unanimidad, al menos el mayor consenso posible en torno a estas designaciones.
Esa misma sociedad civil reclama que se mantenga un marco de apertura que amplíe los derechos ciudadanos a expresar opiniones y manifestar desacuerdos frente a decisiones de los organismos públicos que puedan limitar o afectar sus actividades en la vida nacional. Entre las prioridades destacan las decisiones de gobierno que afectan los derechos políticos y económicos de los ciudadanos.
También se subraya el derecho de la ciudadanía a crear espacios de opinión y participación para defender sus derechos políticos. En el ámbito económico, se reafirma la importancia del respeto a la propiedad privada y de garantizar la seguridad jurídica necesaria para que las inversiones y las actividades económicas no se vean afectadas por decisiones gubernamentales que desconozcan la legitimidad de la iniciativa privada.
La designación del Fiscal y del Defensor del Pueblo representa, por tanto, un desafío para las instituciones responsables de su elección. Estas deberán actuar interpretando el sentir de una mayoría ciudadana que, aunque muchas veces silenciosa, permanece atenta y comprometida con la defensa de la democracia y del Estado de derecho.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
