“El poder se sostiene no solo por la fuerza, sino por el consentimiento que logra organizar en la sociedad.”
Antonio Gramsci
Durante mucho tiempo, la palabra paz fue una promesa. En las transiciones políticas, significaba reconciliación después del conflicto, la aceptación mutua de reglas comunes y la voluntad de convivir en la diferencia. Hoy, en Venezuela, esa palabra parece haber cambiado de significado. La paz ya no se invoca como acuerdo, sino como silencio. No como encuentro, sino como suspensión del conflicto. Y cuando la paz exige callar, deja de ser paz y se transforma en silencio impuesto.
La idea que atraviesa el debate venezolano actual es tan sencilla como peligrosa: el país debe estabilizarse antes de democratizarse. Presentada así, parece una obviedad técnica, casi un consejo de sentido común. ¿Quién podría oponerse a la estabilidad? Sin embargo, bajo esa fórmula se esconde una inversión profunda del orden democrático. La estabilidad deja de ser un medio para convertirse en un fin; la democracia, en cambio, pasa a ser una promesa aplazada, una recompensa futura condicionada al buen comportamiento presente.
Esta lógica no se anuncia como una renuncia a la democracia. Sería demasiado explícito. Se presenta, más bien, como una necesidad inevitable, como el precio que hay que pagar para evitar el caos. En nombre de esa necesidad se aceptan mecanismos de excepción, reformas controladas y un entorno político disciplinado. Pero la historia recuerda que toda democracia diferida en nombre de la estabilidad suele convertirse en una promesa sin fecha.
El contexto internacional refuerza esta tendencia. La transición venezolana ha quedado marcada por la influencia decisiva de la administración del presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump, cuya prioridad estratégica ha sido clara: recuperar la economía venezolana a través de la reactivación del sector petrolero. Para que la inversión regrese, se repite, hace falta previsibilidad, seguridad jurídica y ausencia de sobresaltos políticos. El capital no ama el conflicto; huye de él.
En ese marco, la democracia cambia de estatus. Ya no es el objetivo último del proceso político, sino una variable que hay que gestionar. Como la presión en una tubería o la temperatura de una maquinaria compleja, debe mantenerse dentro de ciertos límites para que el sistema funcione. Si genera demasiado ruido se convierte en un problema técnico. El conflicto, que en una democracia sana es señal de vitalidad, empieza a verse como una amenaza.
Aquí se produce un giro decisivo. La política deja de concebirse como un espacio de deliberación entre ciudadanos libres y pasa a entenderse como una tarea administrativa. La pregunta fundamental ya no es quién gobierna con legitimidad, sino quién tiene el poder real de cuándo el conflicto debe interrumpirse “por ahora” para que el orden se mantenga. Y esa decisión está en La Casa Blanca que gestiona a través de Delcy Rodríguez.
Este desplazamiento no se impone principalmente por la fuerza, sino por el lenguaje. El control comienza en las palabras. El debate político es reemplazado por el juicio moral. El disenso deja de ser una opinión legítima y pasa a ser “libertinaje”. La protesta se trivializa como “show”. La obediencia se presenta como virtud cívica. El opositor ya no es un adversario con derechos, sino un problema social que debe ser corregido.
Este mecanismo se apoya en el aparato comunicacional del régimen tutelado que repite y fija esos marcos hasta convertirlos en sentido común. “Paz”, “respeto” y “estabilización” se transforman en consignas vaciadas de contenido político, pero cargadas de exigencia conductual. Se instala así una falsa dicotomía entre orden y caos: quien protesta atenta contra la economía; quien reclama derechos pone en peligro la recuperación. La responsabilidad se desplaza del poder al ciudadano incómodo.
Más profundamente aún operan los arquitectos de un modelo que podríamos llamar estabilización sin legitimidad. Son autores sin rostro, estrategas del relato, que diseñan un discurso donde control y paz se confunden deliberadamente. En ese relato, la democracia es vaciada de su elemento esencial: el conflicto legítimo. Los derechos desaparecen del lenguaje público y son sustituidos por apelaciones morales. El contrato social deja de ser un acuerdo entre iguales y se transforma en un contrato disciplinario, donde la participación es condicional y la obediencia se naturaliza.
El dispositivo se completa con el uso instrumental de símbolos históricos. Figuras universales son invocadas para desautorizar al disidente, como si la historia ofreciera un manual de buena conducta política. Se oponen héroes y desviados, virtuosos y “malandros”. Conviene recordar, aunque resulte incómodo, que Nelson Mandela fue durante años presentado como criminal y perturbador del orden por discursos muy parecidos a los que hoy se invocan en nombre de la estabilidad democrática.
El objetivo de este entramado no es la paz, ni siquiera la economía en sentido estricto. Es cerrar el espacio político sin asumir el costo de la represión abierta. Gobernar no por persuasión ni por consenso, sino por lenguaje. Cuando el poder logra que el silencio parezca virtud y el conflicto parezca delito, la política no desaparece: queda suspendida.
La reciente ley de amnistía para presos políticos ilustra bien esta lógica. En la superficie, se presenta como un gesto humanitario y una señal de normalización institucional. Y lo es, en el plano individual: nadie puede negar el alivio real que supone la libertad para quien ha estado injustamente encarcelado. Pero, en términos sistémicos, la amnistía funciona más como una válvula de escape que como una base para la renovación democrática. Reduce la presión social y baja la temperatura política sin resolver la disputa de fondo: reconocimiento del daño por parte del Estado; petición oficial de perdón; indemnización a las víctimas; reparación integral (material y psicológica); y reconocimiento público de las víctimas.
La amnistía se convierte así en un instrumento de orden más que de justicia. Alivia el síntoma, pero no cura la enfermedad. Permite que la estabilidad económica avance sin interrupciones, mientras el conflicto político se administra, se posterga o se neutraliza desde el lenguaje.
Tres tensiones estructurales atraviesan este modelo. La primera es la subordinación de la política a la lógica petrolera. La estabilidad energética se trata como un imperativo incuestionable y la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Chávez se diseña para replicar el modelo Chevron. Las demandas democráticas se toleran solo mientras no interfieran con la continuidad operativa. La salud política del país queda, así, atada al precio del barril.
La segunda es la búsqueda de certeza institucional sin consenso pleno. La inversión de largo plazo requiere reglas estables, pero cuando esas reglas se introducen con participación limitada y debate constreñido, su legitimidad es frágil. El capital puede regresar, pero lo hace anclado a garantías como la Licencia General 46 de la OFAC, no a confianza democrática.
La tercera es la normalización de la excepción. La amnistía, la disciplina del lenguaje, la gestión del disenso: todo ello configura un sistema de alto control y baja legitimidad. Un orden que puede funcionar, incluso producir crecimiento, pero que no persuade ni integra.
Este no es solo un dilema venezolano. Es un patrón recurrente en transiciones moldeadas por prioridades externas. Cuando la paz se define como ausencia de perturbación y no como presencia de consentimiento, la política no desaparece: se repliega. Y suele regresar, más tarde, de formas más abruptas.
El orden puede imponerse. La estabilidad puede diseñarse. Pero la legitimidad de ejercicio y origen no se administra indefinidamente sin conflicto. Cuando la paz se reduce al silencio, lo político no ha sido superado. Solo ha sido diferido.
Y los conflictos diferidos, como enseña la historia, no se disuelven.
Esperan.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
