Cómo el Estado convirtió la autonomía en delito, la excelencia en sospecha y la universidad en eco de poder.
Hubo un tiempo —no remoto, pero ya difuso— en que la universidad venezolana era un faro continental. Formaba criterio, liderazgos y libertad intelectual. Ese faro no se apagó por azar ni por fatalismo económico: fue oscurecido a propósito. Desde Hugo Chávez y bajo la continuidad férrea de Nicolás Maduro, el Estado emprendió un programa de domesticación universitaria que desmontó, pieza a pieza, los soportes de la vida académica: autonomía, meritocracia, financiamiento, pluralidad y evaluación por pares.
Primero, el ariete jurídico. El artículo 109 de la Constitución reconoce la autonomía universitaria. Sin embargo, la centralización del ingreso mediante el CNU y el SNI–OPSU, coronada en 2025 con la eliminación de las pruebas internas, no es una política de ampliación de acceso, sino un cercado político del aula. ¿Qué autonomía subsiste si la admisión la decide un órgano controlado por el Ejecutivo? Violatio flagrante de la Constitución y de la Ley de Universidades.
Segundo, el asfixiante cerco material. Sin presupuesto de investigación, sin reposición de equipos, con salarios profesoral(es) equivalentes a un dígito en dólares, la universidad fue empujada a la irrelevancia. OBU y la FVM han documentado el derrumbe: 8–12 USD/mes para un docente y tres años sin aumentos generales. No es descuido: es política. Un profesor que no puede comer, no puede investigar; una escuela sin agua ni electricidad, no puede enseñar.
Tercero, el despojo patrimonial. La Zona Rental Norte de la UCV, destinada a sostener la investigación, fue ocupada por el Estado. No es una anécdota inmobiliaria: es amputar la autogestión, quebrar la independencia financiera que ampara la libertad académica.
Cuarto, la arquitectura paralela del control. Mientras se empobrecía a las autónomas, se fortaleció un andamiaje de universidades “bolivarianas” y se consolidó ARBOL como bloque de rectores alineados. El resultado es un ecosistema dislocado, donde la lealtad pesa más que el mérito y la cifra de matrícula vale más que la calidad.
Quinto, la intervención por sentencia. Con decisiones del TSJ que han suspendido o moldeado procesos electorales internos, se colonizó el autogobierno universitario. Elecciones bajo amenaza judicial no son elecciones: son capitulaciones.
Sexto, la ideologización desde la base. El Sistema Educativo Bolivariano y la Colección Bicentenario introdujeron en la educación básica una narrativa de legitimación política. Diseños curriculares y programas como “Todas las Manos a la Siembra” convirtieron a la escuela en plataforma de socialización ideológica. La consecuencia está a la vista: deterioro de aprendizajes, expulsión de maestros, escuelas intermitentes y brecha creciente con el sector privado.
Esta no es una querella técnica, sino moral. La educación no puede ser apéndice del poder sin traicionar su razón de ser. Salus publica suprema lex: la salud de la República pasa por restaurar la autonomía plena, despolitizar el ingreso, reconstruir el salario docente, devolver el patrimonio universitario y desideologizar los currículos. De lo contrario, la “inclusión” seguirá siendo un eslogan que encubre desigualdad y mediocridad obligatorias.
Las universidades venezolanas no piden privilegios; exigen lo que la Constitución ordena. Y lo exigirán hasta recuperar el foro libre, el laboratorio austero pero vivo, la biblioteca sin mordaza. La tarea es urgente y, sí, es posible: el faro puede volver a encenderse. Pero la condición es innegociable: que el poder suelte la universidad.
— Rafael Gutiérrez Corona, Doctor en Educación.
