Lo del cronograma electoral de elecciones presidenciales y Asamblea Nacional para 2026 no es una negociación, sino la exigencia de un país que ha agotado todas las vías. No es una petición caprichosa, sino la consecuencia lógica de quien ya no tiene atajos.
La fecha no es un simple número. Es un horizonte concreto, la última frontera para un reinicio que debe comenzar con ese gesto elemental: fijar las reglas. No se trata solo de elegir presidente o diputados, sino de convocar al único soberano que importa: ese pueblo que espera, no un milagro, sino la oportunidad de decidir. Un cronograma para 2026 no es un calendario; es un ultimátum a la ficción. La línea que separa lo que fue de lo que quizá pueda ser.
Que se celebren elecciones este año no es un acto administrativo, sino el gesto fundacional sin el cual toda reconstrucción será un espejismo. Se ha dicho hasta la náusea, pero es la verdad desnuda: sin elecciones no hay democracia, y sin democracia, la soberanía es un cascarón vacío.
El asunto es simple y terrible. Se trata de terminar de echar a quienes, desde hace veintisiete años, han convertido el poder en patrimonio personal y el país en cortijo. Y de hacerlo ahora, sin conceder un día más. Cada día que pasa es una celda que se cierra. No hay que darles la oportunidad de montar la jugada final que los perpetúe. El cronograma no es un papel; es el primer acto de la defensa propia.
Incluso la liberación de todos los presos políticos, todos, absolutamente todos sin delito alguno, gesto humanitario impostergable, no debe confundirse con un cambio estructural. Es apenas el primer paso de una hoja de ruta innegociable: el desmontaje integral del aparato represivo. Esto exige la desarticulación de los cuerpos de inteligencia —SEBIN, DGCIM— y la disolución de los grupos parapoliciales y paramilitares. Un desmontaje que debe extenderse a las instancias que han legalizado la persecución: un Ministerio Público convertido en acusador privado y un Tribunal Supremo de Justicia instrumento de venganza. La salida de los máximos responsables no es retórica; es el requisito mínimo para demostrar una voluntad real de transición.
Preocupa que el tutelaje externo parezca haberse estancado en un intercambio conveniente: algunas liberaciones a cambio de garantías petroleras. Es un cálculo reduccionista que confunde alivios tácticos con soluciones. Corresponde al liderazgo democrático venezolano, y a una comunidad internacional coherente, rechazar este atajo y exigir que las transformaciones sean simultáneas, verificables e irreversibles.
Toda presión debe concentrarse en el objetivo nodal: una reforma electoral con garantías auténticas que aterrize en un Cronograma Electoral del 2026 . Esto exige, ineludiblemente, el cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y medidas concretas que aseguren la pulcritud de los próximos comicios. No es un simple recambio de nombres, sino una reingeniería de confianza que permita un proceso auditable, con observación robusta y condiciones equitativas. Solo una elección así puede abrir el cauce al cambio democrático. Cualquier negociación que omita este horizonte no será sino la perpetuación de la tiranía bajo nuevos términos.
