El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, cuestionó este miércoles el fallo de una jueza departamental que anuló la orden de captura contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por un caso de trata agravada de personas.
“No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hecho de pedofilia burlarse de la justicia. Primero, nuestros niños”, publicó Saucedo en su cuenta de X.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció que esta instancia “iniciará las investigaciones correspondientes” del caso.
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“El Consejo de la Magistratura va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que esta funcionaria judicial va a ser sancionada como establece la normativa”, explicó Baptista.
Nelson Cox, abogado de Morales (2006-2019), confirmó a EFE que la orden de captura “ha sido totalmente anulada y han sido notificadas legalmente las autoridades de Tarija”, por lo que ahora cuenta con “libertad irrestricta”.
“Se deja sin efecto cualquier auto de rebeldía, mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre el ciudadano Juan Evo Morales Ayma, así como cualquier tipo de actuación que afecte y/o restrinja los derechos reclamados por el accionante”, señala la decisión judicial asumida por la jueza Lilian Moreno, de la región oriental de Santa Cruz.
Ahora, la investigación se reiniciará en un juzgado de la localidad de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del exmandatario y donde permanece desde noviembre del año pasado.
En octubre de 2024 la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez emitió una orden de captura contra el exgobernante, posteriormente refrendada por un juzgado de esa misma región, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.
En enero pasado, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales y ordenó su aprehensión, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, alegando enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.
La Justicia también le prohibió salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emitiera la aprehensión contra el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
El expresidente, que ya gobernó a Bolivia en tres mandatos, pretende participar como candidato a la Presidencia en los comicios nacionales del 17 de agosto, pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una ocasión. /EFE
