La mayoría de los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo (seis conservadores y tres progresistas) ha expresado sus dudas sobre la legalidad de la orden presidencial dictada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. El mandatario republicano quiere impedir que se conceda la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes sin papeles y visitantes temporales.
Por El País
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acudido este miércoles a la audiencia del Tribunal Supremo para escuchar los alegatos de las partes en el proceso de ciudadanía por derechos de nacimiento, un caso que puede redefinir quién es considerado ciudadano estadounidense y amenaza con cambiar la esencia misma de la nación.
El caso analiza la legalidad de una orden presidencial dictada por Trump que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales. El republicano firmó la orden el primer día de su presidencia, pero la norma nunca ha estado vigente porque ha sido rechazada por varios tribunales inferiores.
La asistencia de Trump es un hecho sin precedentes en la historia democrática de Estados Unidos. Nunca hasta ahora un presidente había acudido a una vista oral, en una decisión que se interpreta como un intento de influir en la independencia de los jueces. La Sociedad Histórica de la Corte Suprema no tiene constancia de que un presidente haya asistido alguna vez a una vista oral, según la cadena CNN.
La relación del presidente republicano con la justicia es ambigua. El Supremo, con una supermayoría conservadora, de seis magistrados frente a tres, ha tendido a favorecer a Trump en los múltiples casos que afectan a sus decisiones desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato. Pero el pasado febrero se pronunció sobre los aranceles con los que Trump levantó un muro comercial. El tribunal los consideró ilegales por basarse en la ley de poderes de emergencia prevista para otros supuestos y subrayó que este tipo de medidas debe pasar por el filtro del Congreso.
Desde entonces, el ocupante del Despacho Oval ha mostrado desconfianza hacia los magistrados conservadores que votaron en contra de los aranceles. Los llamó “imbéciles” y “perros falderos de los republicanos moderados y de la izquierda radical”. Este martes, sugirió que los jueces del Supremo que fueron nombrados por los republicanos son “estúpidos” y “desleales”.
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