El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que ordenó a su Administración trabajar «de inmediato» en un nuevo censo «de alta precisión» que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados, en medio de una polémica nacional por la redistribución de mapas electorales.
«He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024», escribió en su red Truth Social.
El republicano, que desde que regresó al poder en enero ha recrudecido su política de deportaciones y denegación de asilo, añadió que las personas indocumentadas que se encuentran actualmente en el país «no serán contabilizadas en el CENSO», pese a que siempre ha tenido el mandato de contar a todas las personas que viven en el país independiente de sus estatus.
El último censo de población de Estados Unidos se realizó en 2020 y el próximo está previsto para el 2030.
Según la Constitución del país, que estipula la frecuencia y procedimientos de la pesquisa, estos se realizan cada 10 años y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de los distritos electorales y la representación en el Congreso.
El Congreso, en la actualidad bajo control republicano, tiene la facultad de ordenar censos adicionales o intermedios a través de leyes ordinarias, aunque solo se utilizan con fines estadísticos y sus hallazgos no deben ser usados para la redistribución de distritos.
Las acciones del mandatario estadounidense coinciden con una aguda controversia a nivel nacional por el intento de legisladores republicanos en Texas de redibujar el mapa electoral del estado, una propuesta impulsada por Trump que añadiría cinco escaños para su partido en la Cámara Baja estadounidense de cara a los comicios de medio mandato en 2026.
La presentación de la medida en la legislatura estatal ha provocado un intenso rechazo entre los demócratas de Texas, que han abandonado el territorio para bloquear el avance de la propuesta. En respuesta, el gobernador republicano Gregg Abbott ha amenazado con sacar a los congresistas de sus cargos y arrestarlos.
Los detractores de la propuesta insisten en lo inédito de esta redistribución a mitad de la década pues estos movimientos se suelen completar tras nuevos datos aportados por los censos que EE.UU. lleva a cabo cada diez años.
Ante esto, varios estados demócratas como California y Nueva York han asegurado que podrían comenzar procesos similares.
EFE
