La pelea está servida. De un lado, la Administración estadounidense de Donald Trump, decidida a mostrar ante sus votantes una contundencia extrema en su política sobre inmigración y deportaciones. Una Administración que defiende el uso de una ley del siglo XVII, pensada para tiempos de guerra, para expulsar a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador sin ningún tipo de proceso judicial, pese a la orden en contra de un juez. O que deporta o niega la entrada a extranjeros con permiso de estancia y que no han sido acusados de ningún delito. Del otro lado, los tribunales que lo bloquean. El Gobierno se atrinchera en sus posiciones, y los jueces insisten en exigir explicaciones, en un enfrentamiento que podría llegar hasta el Supremo.
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