El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió, el lunes 23 junio, al gobierno de Donald Trump reanudar las expulsiones de migrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador, como parte de su campaña de deportaciones masivas.
La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho migrantes a Sudán del Sur, dentro de los que se encuentran dos cubanos y un mexicano.
En una breve orden no firmada, el Supremo suspendió la orden del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, quien en mayo determinó que la administración de Trump violó un mandato que le impedía deportar a ocho migrantes a un país donde, a su juicio, pueden ser torturados sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.
Debido al fallo del juez Murphy, los 8 migrantes y 11 agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones “deplorables”.
En su alegato frente al Supremo, el gobierno de Trump sostuvo que los migrantes enviados a países cometieron crímenes “monstruosos” y que sus propios países no habían querido recibirlos.
De los 8 deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
Lo que dice la legislación estadounidense
La legislación estadounidense estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a países terceros donde podrían ser torturados o estar en riesgo.
El Departamento de Estado de EE UU considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, y recomienda a los estadounidenses no viajar allí. A inicios de mayo retiró del país a su personal diplomático no esencial.
El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el gobierno y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”.
Medidas del gobierno de Trump para deportar a migrantes
Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.
El gobierno de Trump ordenó mandar a más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una prisión con capacidad para 40.000 personas y fue construida para recluir a los delincuentes “más peligrosos” que operaban en El Salvador.
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