La Corte Conjunta de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba solicitó al gobierno de Aruba un diagnóstico actualizado sobre Venezuela, que tome en cuenta la evolución de los factores políticos, económicos, sociales y de seguridad ciudadana tras la elección presidencial del 28 de julio.
Esta petición fue formulada a propósito de la sentencia en apelación intentada por un activista del partido Un Nuevo Tiempo, que solicitó asilo en esa isla alegando que se trataba de un perseguido por oponerse al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Este hombre, de 39 años de edad, entró a Aruba como turista en febrero de 2019. Al mes siguiente, solicitó protección ante el gobierno de la isla, pues “teme ser arrestado y procesado por las autoridades de Venezuela debido a sus creencias políticas”.
Los registros judiciales indican que, según la denuncia del solicitante, en enero de 2019 su vivienda fue allanada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), porque supuestamente él participaba activamente en manifestaciones antigubernamentales. El hombre consignó una declaración del partido fundado por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, así como fotografías y recortes de prensa, para comprobar lo sucedido.
Pero los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Energía e Integración de la isla desestimaron la petición, pues consideraron que no estaba probada fehacientemente la versión sobre la persecución. De igual forma, manifestaron dudas en cuanto a lo que le sucedería si es repatriado, es decir, si sería perseguido por la policía política.
Crisis y disturbios
En su sentencia, la corte encabezada por la magistrada Angeline Martijn coincidió con el criterio entregado por el gobierno de la isla, en el sentido de que no estaba plenamente probada la persecución por razones políticas.
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