Lo que comenzó como una oportunidad laboral en uno de los corazones energéticos del país se ha transformado en una lucha de años por la justicia y el pago adeudado. Un total de 110 trabajadores que prestaron servicios esenciales en la Faja Petrolífera del Orinoco en el año 2021 continúan esperando el pago por sus labores, a pesar de haber agotado las vías de negociación y contar con un acuerdo legalmente vinculante directamente con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
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La situación se originó en 2021, cuando PDVSA otorgó los permisos y el contrato a la empresa Serisuministros para la ejecución de diversos trabajos en la faja. Esta, a su vez, subcontrató a la compañía Gas and Petroleum Service (GPS), empleadora de los 110 trabajadores afectados. El personal de GPS completó a cabalidad todas las tareas para las cuales fue contratado, que incluían no solo los honorarios profesionales sino también el alquiler de equipos y otros conceptos operativos.
Sin embargo, al finalizar los trabajos, los pagos nunca se materializaron. La falta de acuerdos y desembolsos entre PDVSA, Serisuministros y GPS dejó a los trabajadores en un completo desamparo financiero.
Ante la ausencia de respuestas y soluciones, los 110 trabajadores decidieron emprender acciones legales para reclamar sus derechos. Su perseverancia los llevó a lograr un acuerdo directo con PDVSA, un hito en el que la estatal asumió la responsabilidad del pago. Este acuerdo, que contempla una suma cercana a los 3 millones de dólares, fue debidamente notariado y registrado en 2023, estableciendo un compromiso formal de pago en un plazo de 180 días.
A día de hoy, ese plazo ha expirado con creces. Ya han transcurrido dos años desde la formalización del acuerdo y los trabajadores siguen con las manos vacías. La deuda no solo persiste, sino que el silencio por parte de la petrolera agrava la angustia de estos 110 padres de familia.
«No pedimos más de lo que nos corresponde, solo el pago por el trabajo que ya realizamos», expresó uno de los voceros de los afectados. «Tenemos un documento legal que PDVSA se comprometió a honrar. Necesitamos que las personas a cargo den la cara y nos den una respuesta. Son dos años esperando por un proceso que ya tiene un finiquito legal».
A través de este llamado, los trabajadores buscan hacer visible su situación y apelan a la sensibilidad y responsabilidad de los directivos de PDVSA para que se aboquen a dar una respuesta pronta y se proceda con la liquidación de una deuda que lleva años afectando el sustento y la tranquilidad de más de un centenar de familias venezolanas.
