Pasaron casi 1.000 días para que Daniel Romero y su esposa pudieran fundirse en un abrazo. Durante casi tres años, el contacto físico les fue negado.
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Sus encuentros se limitaban a 20 minutos tras un frío cristal. Este 9 de marzo de 2026, el dirigente sindical del estado Bolívar compareció ante el tribunal, donde se le notificó que su juicio continúa.
Aunque no fue beneficiado por la Ley de Amnistía, se le otorgó una medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de emitir declaraciones públicas sobre su proceso.
Romero, trabajador de base con 12 años de servicio en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en el área de palanquilla, se encontraba bajo la figura de «personal no requerido» al momento de su detención.
En 2021, su perfil trascendió lo laboral al ser candidato a la alcaldía del municipio Sifontes por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Su arresto se produjo tras apoyar las protestas de «brazos caídos» en la Planta de Pellas, en Ciudad Guayana. La última comunicación libre con su familia ocurrió el domingo 11 de junio de 2023, a las 2:20 de la madrugada.
En esa llamada, Romero expresó optimismo por una reunión con la empresa para solucionar el conflicto. Horas después, fue privado de su libertad.
Bajo la jurisdicción del Tribunal 1° de Control de Ilícitos Económicos y la Fiscalía 3° del Ministerio Público, se le imputaron delitos de boicot, asociación para delinquir e instigación al odio.
Su reclusión comenzó en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde permaneció ocho meses.
El 19 de febrero de 2024, fue trasladado al Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas) en el Rodeo I. Allí, las condiciones se tornaron extremas: aislamiento total, sin derecho a llamadas ni correspondencia, y la prohibición de ver a sus hijos.
Secuelas físicas y psicológicas
El deterioro físico de Romero es evidente. De los 132 kilos que pesaba al ingresar (medida proporcional a su estatura de 1,97 metros), hoy se encuentra por debajo de los 96 kilos.
“Padecía de gastritis por el trabajo en la planta, pero allá se intensificó por falta de tratamiento. Llegué a sangrar por las heces durante 15 días”, relató.
Además, presenta un temblor constante en su mano izquierda. “Es un problema neurológico que debo tratar con urgencia; de lo contrario, podría derivar en Parkinson. Son secuelas de torturas de las que prefiero no dar detalles”.
Un campo de concentración del siglo XXI
Tanto Romero como otros exreclusos describen el Rodeo I en términos desgarradores: “Eso no es una cárcel, es un campo de concentración al estilo nazi del siglo XXI”.
El dirigente denunció un sistema diseñado para la deshumanización: “Se nos privaba el derecho a la visita; nos sacaban encapuchados y siempre nos hablaban así. Caminábamos doblados, en posición horizontal y esposados por la espalda. Solo recibíamos 40 minutos de sol al día y de lunes a viernes, el encierro era total”.
Denuncias de sistematicidad
Organizaciones civiles y activistas de derechos humanos han alertado sobre el patrón de confinamiento en este recinto.
Los detenidos permanecen en celdas de 3×3 metros, en penumbra total, sin ventilación, relojes o contacto con otros reclusos. Duermen sobre diminutas colchonetas junto a letrinas fétidas, lo que genera un foco constante de infecciones.
Aunque el internado debería estar bajo la custodia del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, familiares denuncian que el control real lo ejercen hombres y mujeres vestidos de negro, con rostros cubiertos por pasamontañas y sin identificación alguna.
Pese al trauma, Romero se aferra a su resiliencia: “Mentalmente estoy estable, gracias a Dios y al apoyo de mi esposa. Estoy aquí luchando y vamos a seguir por lo que se quiere: recuperar al estado Bolívar”.
