La automatización electoral en Venezuela es, al mismo tiempo, una historia de modernización tecnológica a gran escala y un caso de estudio sobre cómo inversiones públicas de cientos de millones de dólares pueden con el tiempo quedar atrapadas en un entramado de opacidad, corrupción, conflictos de interés que implica usar el poder regulador del régimen venezolano para forzar a proveedores de tecnología a ceder derechos de cobro y uso sobre un sistema de votación, como lo ha denunciado Smartmatic, y, en última instancia, la manipulación de resultados facilitada por privados beneficiados por negocios con el Estado.
Entre 1998 y 2025, el Estado venezolano ha destinado varios cientos de millones de dólares a la construcción, operación y sustitución de sistemas de automatización electoral, de los cuales una fracción significativa se ha traducido en pérdidas directas (como las de las megaelecciones de 2000 o el incendio de 2020), otra en deudas e impagos en disputa internacional y otra en rentas privadas capturadas por proveedores que operan en entornos de opacidad y concentración extrema.
El proceso de automatización que culminó con la adulteración de los resultados de la elección presidencial del año 2024 comenzó hace más de 40 años. Aunque las autoridades venezolanas realizaron distintas pruebas de automatización en el cómputo de resultados
en los procesos de los años 1992, 1993 y 1995, el principal impulso para abandonar el cómputo manual de los votos puede asociarse a las reformas legales de 1997 cuando la novedosa Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política eliminó el Consejo Supremo Electoral y creó al Consejo Nacional Electoral con el propósito de buscar la despartidización de las decisiones electorales y concretar la automatización electoral, como vía para elevar la eficiencia y la transparencia de los resultados.
