Mercedes De Freitas, directora de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, anunció el jueves 13 de marzo que la organización cesó sus operaciones en el país desde diciembre de 2024, por lo que trabajará desde el exilio a partir de este mes.
“Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan la labor de las organizaciones civiles independientes”, fue parte del discurso que De Freitas compartió desde la secretaría de Transparency International en Berlín (Alemania).
*La persecución no los hará menos corruptos.**
Vamos a seguir porque no pueden quedar impunes. Hoy abre Transparencia Venezuela en el exilio. #TransparenciaVenezuela pic.twitter.com/Ecgq7560tZ
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) March 13, 2025
La directora de la ONG explicó que Transparency International seguirá con atención lo que ocurra dentro y fuera de Venezuela, especialmente los que estén relacionados con hechos de corrupción y desfalcos a la nación.
Sobre esto, De Freitas añadió que actualmente hay más de 30 países que investigan a los presuntos responsables de la “red de corrupción” transnacional y el desvío del dinero público de Venezuela.
“Mi compromiso sigue intacto. Seguimos porque los responsables de esta gran corrupción no pueden quedar impunes. Seguimos porque tenemos que construir la Venezuela Íntegra. Ahora somos Transparencia Venezuela en el exilio”, acotó.
Por su parte, François Valérian, presidente de Transparency International, compartió en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Transparencia Venezuela en el exilio y reiteró el compromiso que mantienen con los venezolanos.
Detenciones a activistas
Mercedes De Freitas también señaló la amenaza constante por parte del Estado hacia los activistas y defensores de los derechos humanos, específicamente en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
La directora de la ONG puso como ejemplo la detención de Rocío San Miguel, presidenta la ONG Control Ciudadano, quien fue encarcelada en febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por estar presuntamente vinculada con una trama de conspiración y formar parte del supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro llamado Brazalete Blanco.
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