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Trabajadores de la alcaldía de Pedro Camejo en Apure denuncian despidos injustificados y discriminación por razones políticas

lapatilla.com

 

Un grupo de  obreros de la alcaldía del municipio Pedro Camejo se concentró este lunes 6 de abril frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo en San Fernando de Apure, para exigir su reincorporación inmediata tras haber sido suspendidos de sus cargos de manera injusta.

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Los afectados, provenientes de Puerto Páez y la parroquia Codazzi, denunciaron que las medidas tomadas por la administración municipal carecen de fundamento legal y responden, presuntamente, a represalias políticas.

Testimonios de exclusión

Aldo Barrios, uno de los voceros del grupo, señaló que su suspensión se produjo sin una causa justificada.

«Nos han violado nuestros derechos como ciudadanos, porque nos han despedido sin causa alguna, solo por pensar diferente y pertenecer a otros partidos políticos que no son los que gobiernan nuestro municipio», afirmó Barrios a las afueras de la institución.

Por su parte, Ildemar Cabrera, trabajadora de la alcaldía desde el año 2002, relató su situación de vulnerabilidad tras ser suspendida el pasado mes de noviembre. A pesar de haber mantenido conversaciones directas con las autoridades locales, las promesas de solución no se han materializado.

«Hablé directamente con el alcalde José Cabrera en febrero y su respuesta fue: ‘Tranquila, vas a ser incorporada nuevamente; no lo hago por ti, sino por tu madre, que es revolucionaria’. Sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta», explicó Cabrera, quien también mencionó haber acudido a la dirección de Recursos Humanos sin éxito.

Sin respuesta oficial

Los trabajadores manifestaron que tras acudir a la Inspectoría del Trabajo en busca de amparo, la respuesta institucional recibida este lunes no fue satisfactoria, dejando en el aire la situación laboral de quienes dependen de estos ingresos para el sustento de sus familias.

Los denunciantes hicieron un llamado público a las autoridades para que se revise su caso bajo los principios de justicia social y derecho al trabajo, sin que la ideología política sea un factor de exclusión o castigo laboral.

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