Un mensaje publicado el 14 de febrero en redes sociales por el presidente de Argentina, Javier Milei, en el que daba su apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA desató en ese país un escándalo que incluye un centenar de denuncias judiciales por estafa en su contra.
Milei compartió en su cuenta de X un mensaje del proyecto Viva la Libertad Project, con eje en la comercialización del token $LIBRA y supuestamente orientado a financiar inversiones en Argentina.
De inmediato, el valor del criptoactivo se disparó, pero luego un grupo de inversores que acaparaba la mayor parte vendió sus tenencias y desplomó el precio, lo que se consideró como un rug pull (tirón de alfombra) al vaciar la liquidez de dicho token.
Posteriormente, miles de inversores denunciaron haber apostado a ese activo por confiar en el mensaje inicial de apoyo del presidente de Argentina.
Pocas horas después, Milei borró su mensaje y publicó otro retirando su apoyo al proyecto, con el que aseguró no tener vinculación ni estar enterado de sus detalles.
La publicación original del presidente argentino, con un enlace a la iniciativa, señalaba que la criptomoneda se trataba de un proyecto privado.
Declaración del gobierno de Milei
El caso desató un escándalo en el mundo de las inversiones cripto que llegó a la política.
Ante esto, Milei reiteró el 17 de febrero que difundió, mas no promocionó la criptomoneda $LIBRA. Además, se negó a asumir responsabilidades por las víctimas ante el súbito desplome de ese activo.
“Yo no tengo nada que ocultar. Si vas al casino y pierdes plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol”, dijo Milei en una entrevista para el canal TN.
Previamente, el 15 de febrero, el gobierno había emitido un comunicado en el que afirmaba que el proyecto había sido desarrollado por la empresa KIP Protocol, con cuyos representantes, a los que identificó como Mauricio Novellli y el singapurense Julian Peh, se reunió Milei el 19 de octubre de 2024.
De acuerdo con el comunicado, los representantes de KIP Protocol presentaron como su socio y proveedor de la tecnología en este proyecto al estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures, con quien Milei se reunió el pasado 30 de enero pero que el gobierno argentino asegura no tener vinculación.
Milei pidió a la Oficina Anticorrupción que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Ejecutivo por lo que creó una Unidad de Tareas de Investigación para investigar a $LIBRA y KIP Protocol.
El mandatario explicó que Davis le propuso armar una estructura que financiara a emprendedores que no tienen acceso a financiación, lo que le pareció una herramienta “interesante” y, por eso, le dio difusión.
Además, insistió en que obró de buena fe y no cometió ningún error al difundir el proyecto.
“En todo caso, aprendí la lección de que debo poner filtros y levantar murallas para que no pueda acercarse cualquier persona”, señaló Milei.
Por su parte, Davis se definió en un video a través de las redes sociales como asesor de Milei y dijo mantener comunicación con el mandatario.
No obstante, desde la Casa Rosada desmintieron las afirmaciones de Davis y resaltaron que no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino.
Denuncias contra Milei
La oposición política en Argentina cuestionó el accionar de Milei. De hecho, sectores de la izquierda y del frente peronista Unión por la Patria planean impulsar en el Congreso un pedido de juicio político contra el jefe de Estado.
“Nuestro bloque ha decidido presentar el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei porque es la herramienta institucional que establece la Constitución Nacional para determinar responsabilidad cuando obrare el presidente de la nación con mal desempeño o cometiere delitos en el ejercicio de la función pública o crímenes comunes”, expresó en una conferencia de prensa la diputada peronista Carolina Gaillard.
El diputado Germán Martínez, también de Unión por la Patria, advirtió que los 47 millones de argentinos tienen que saber si tienen un presidente que «no reconoce una estafa» «o si era parte de esa estrategia.
“Le pedimos al presidente que no se victimice. Se tiene que hacer cargo de lo que hizo y tiene que dar explicaciones y ese lugar es el Congreso”, agregó Martínez.
Asimismo, el partido Coalición Cívica presentó también el 17 de febrero una denuncia penal en la que requirió a la Justicia que investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo.
A estas, se suman las demandas de más de un centenar de víctimas, incluyendo una presentada por un estudio jurídico argentino ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Un juzgado federal fue designado para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.
Postura del empresario detrás de la criptomoneda
El empresario Hayden Mark Davis reconoció su vinculación con el proyecto y admitió que es quien se encuentra en posesión de al menos parte del dinero invertido en $LIBRA.
Sobre estos fondos, dijo que le incomoda la posibilidad de transferirlos al entorno del presidente argentino, por lo que se ofreció a reinvertir unos 100 millones de dólares en la criptomoneda.
Davis brindó el 16 de febrero declaraciones al youtuber estadounidense especializado en criptomonedas Stephen Findeisen, y afirmó que Milei no ganó plata con esto y que $LIBRA iba a ser un “experimento”.
“No sé por qué borró la publicación. Asumo que entró en pánico por la presión política”, señaló el empresario sobre la decisión de Milei de eliminar la publicación en X donde difundió el lanzamiento de $LIBRA.
Además, se describió como una víctima más, ya que -aseguró- no pensaba sacar provecho económico con el proyecto.
“Estoy esperando respuestas y un plan real y concreto del gobierno argentino para solventar la situación”, dijo Davis.
La firma Kelsier Ventures, más allá de presentarse en sus redes y sitio web como una compañía de inversión cripto, no brinda información sobre su plantilla, asociados o sobre el propio Davis, quien en varias oportunidades se ha manifestado públicamente a través de las redes sociales de la compañía.
De acuerdo con Davis, su rol en el proyecto era brindar la infraestructura tecnológica a la divisa digital el día del lanzamiento y asegurar liquidez para el proyecto y mantener control sobre los fondos y los costos asociados.
Hasta ahora, la justicia de Argentina se encargará de la investigación para determinar si hubo responsabilidad gubernamental y cómo podrían reducirse las pérdidas para los inversores tras el desplome de la criptomoneda.
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