El Centro Carter publicó su informe final sobre las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, en el que concluyó que el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede considerarse democrático.
El organismo, que participó como observador en los comicios, destacó varias irregularidades, entre las que resaltó la proclamación de Nicolás Maduro como ganador, a pesar de que más de dos millones de votos aún estaban por computar.
Además, el texto señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no proporcionó los resultados desglosados por mesa, lo que generó preocupaciones sobre la transparencia del proceso.
El informe, publicado el 17 de febrero, también subrayó que, aunque el Acuerdo de Barbados había establecido compromisos para mejorar las condiciones electorales en el país, las elecciones reflejaron un sesgo evidente a favor de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el Centro Carter, esta situación se desarrolló en un contexto donde las libertades estaban restringidas, afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación durante el periodo electoral.
El organismo enfatizó que la falta de transparencia en la divulgación de los resultados y la aparente manipulación de estos contribuyeron a que las autoridades venezolanas no lograran cumplir con varias condiciones esenciales para llevar a cabo una elección democrática.
Actas mostradas por la oposición
El informe final del Centro Carter determinó que considera confiables las actas publicadas por la oposición y que son suficientes para confirmar un resultado irreversible a favor de su candidato, Edmundo González.
Los líderes de la oposición presentaron más del 80 % de las actas de votación, en las que se determinó que González había obtenido un 67,1 % de los votos, mientras que Maduro apenas tenía un 30,4 %.
“Ganamos de manera irrefutable, el informe ratifica que el régimen debe demostrar respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos permitiendo una revisión transparente e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales de 2024”, expresó González el 18 de febrero a través de su cuenta de X.
González agregó que no queda duda sobre la evidencia de las violaciones cometidas antes, durante y después del proceso electoral.
“Por los casi 8 millones de venezolanos que votaron por nuestra propuesta de cambio, esto es ¡Hasta el final!”, concluyó el líder opositor.
Candidaturas opositoras
El informe final del Centro Carter destacó otras irregularidades que comprometieron la integridad del proceso electoral del 28 de julio de 2024. Entre estos, mencionó que la inscripción de las candidaturas de las principales fuerzas de oposición estuvo sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales, quienes tomaron decisiones sin respetar principios jurídicos fundamentales.
En el documento, subrayaron la inhabilitación de líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, quien había ganado las primarias opositoras con más del 90 % de los votos. Posteriormente, el CNE bloqueó sin ofrecer una explicación oficial la inscripción de Corina Yoris, lo que llevó a la oposición a postular a Edmundo González en el último momento.
Además, el organismo indicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino al menos 15 partidos políticos, imponiendo en sus direcciones a figuras cercanas al oficialismo, lo que limitó aún más las oportunidades para que la oposición pudiera competir en condiciones equitativas.
El Centro Carter también documentó el uso desproporcionado de recursos estatales por parte del gobierno de Maduro para favorecer su campaña electoral. Esto incluyó el uso de vehículos oficiales, programas sociales y medios de comunicación estatales.
“La candidatura oficialista contó con amplios recursos, lo que se tradujo en una gran desproporción en términos de mítines, murales, vallas y afiches promocionales”, resaltó el ente internacional.
El Centro Carter desplegó un equipo compuesto por 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, quienes trabajaron en diversas ciudades como Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia.
Durante su misión, se reunieron con una amplia gama de actores políticos y sociales, incluyendo representantes del CNE, candidatos y organizaciones civiles, por lo que pudieron constatar la detención de más de 130 líderes y personas relacionadas con la oposición antes y después de la jornada electoral.
Otras irregularidades en el proceso electoral
De acuerdo con el informe del Centro Carter, a pesar de que 5,5 millones de venezolanos estaban en condiciones de votar desde el extranjero, solo 69 mil lograron registrarse, lo que representó menos del 2 % del total.
En ese sentido, el informe atribuyó esta baja participación a las dificultades para la inscripción en los consulados, la falta de información accesible y las restricciones impuestas por el CNE.
Con respecto a la denuncia del ente electoral sobre un presunto ciberataque a su sistema, reiteraron que no hay pruebas que respalden tal afirmación.
Además, el informe también resaltó que se cancelaron tres auditorías poselectorales clave que habrían permitido verificar tanto el presunto ataque cibernético como la integridad del proceso de transmisión de datos.
El documento también indicó que las protestas ciudadanas, registradas en varias ciudades tras el anuncio de los resultados, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, el organismo destacó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validó los resultados mediante una sentencia ignorando el pedido de la comunidad internacional sobre permitir una revisión independiente.
Recomendaciones del Centro Carter
El Centro Carter ofreció una serie de recomendaciones a las autoridades venezolanas para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Reiteraron la solicitud de una revisión transparente e independiente de los resultados electorales que permita restaurar la confianza en el sistema electoral del país.
También recomendaron la publicación inmediata de los resultados completos desglosados por mesa de votación, lo que permitiría una verificación más clara y accesible del proceso electoral.
Además, el organismo propuso una reforma integral del CNE para garantizar su independencia y neutralidad. Así como también eliminar la inhabilitación de candidatos y medidas para facilitar el acceso al voto de los ciudadanos venezolanos en el exterior.
El informe concluyó que el CNE no cumplió con su deber de asegurar la transparencia del proceso electoral y contribuyó a aumentar la polarización política en Venezuela.
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