La Asamblea Nacional aprobó el 9 de marzo en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Minería, el cual reforma la Ley de Minas de 1999 para adaptarlo a la nueva realidad económica de Venezuela. Una etapa marcada ahora por el acercamiento comercial con Estados Unidos tras los ataques del 3 de enero de 2026 que llevaron a la captura de Nicolás Maduro y la juramentación del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Aunque la idea de crear una nueva ley para la actividad había sido asomada por Rodríguez desde el inicio de la agenda legislativa de 2026, cobró especialmente fuerza desde el 4 de marzo, cuando anunció la presentación formal de su propuesta al Parlamento. Esto justamente tras la visita a Venezuela del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien llevó a un grupo de empresarios extranjeros para negociar acuerdos de inversión en el país en materia de explotación de minerales estratégicos y tierras raras.
De momento, no se conoce el contenido exacto del proyecto de ley, aunque por su exposición de motivos asoma un espíritu similar al de la reforma de Ley de Hidrocarburos aprobada por la AN el 10 de febrero de 2026. En este caso, busca revertir la rígida estatización del sector y crear condiciones para atraer capital privado tanto nacional como internacional.
Entre sus cambios destaca la creación de una superintendencia nacional de minas para poner orden en el sector y gestionar la entrada de estas nuevas inversiones tras años de baja productividad. También refuerza el papel del Fondo Social Minero, en un intento por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores e incentivar a actores ilegales a incorporarse a empleos formales.
¿Qué dice la legislación minera actual?
Si bien desde 1909 se reconoce en Venezuela el interés público de los yacimientos mineros, no fue hasta 1977 que se estableció la soberanía plena del Estado sobre estos recursos, con capacidad de firmar contratos y concesiones con actores privados. En 1999 se creó la Ley de Minas aún vigente, en la cual se enfatiza la reserva del Estado sobre la explotación minera, con un sistema de concesiones a empresas y autorizaciones para las minería artesanal.
No obstante, con el paso de los años, el gobierno ha ido aprobando una serie de decretos para asegurar su control sobre las minas. En 2011 se emitió el decreto N° 8.413 que extinguió todas las concesiones mineras y limitó la actividad privada únicamente a empresas mixtas con 55 % de participación del Estado. En 2015 salió el decreto N° 2.165, que reserva solo al Banco Central de Venezuela (BCV) la comercialización de oro, creando un Plan de Desarrollo Integral para la adquisición de la producción de las mancomunidades mineras y mineros artesanales.
Igualmente, en 2014 se anunció la creación de los Núcleos de Desarrollo Minero (Nudemin), áreas delimitadas para estas actividades, y que dos años después fueron declaradas de “prioridad social” para el Estado. Al mismo tiempo, en 2016, se marcó el mayor hito del entonces gobierno de Nicolás Maduro: la creación del Arco Minero del Orinoco. Esta zona, de 111.843,70 kilómetros cuadrados de extensión, tiene los yacimientos de minerales como diamante, níquel y torio más grandes del planeta.
El Arco Minero del Orinoco se volvió entonces en una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, sobre todo en un momento en que la producción petrolera iba en declive por la caída en la capacidad operativa de la industria venezolana. No existen cifras oficiales de cuánto dinero ha producido la explotación de minerales como el oro desde que se creó esta zona de desarrollo estratégico, debido a que el gobierno desde hace años no publica balances sobre sus finanzas y desde 2020 la Ley Antibloqueo le permite suscribir acuerdos comerciales sin rendir cuentas al respecto.
Sin embargo, de acuerdo con la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, se estima extraoficialmente que en Venezuela se produjo en 2022 entre 37,5 y 45 toneladas de oro, para un ingreso de entre 2,3 millardos y 2,7 millardos de dólares. Aun así, la organización advierte que de este monto apenas “una mínima porción” terminaba en las arcas del Estado, mientras que la mayor parte desaparece entre redes de corrupción y rentas de los grupos criminales que controlan las minas.
¿Quién regula la minería en Venezuela?
Históricamente, la actividad minera en Venezuela ha dependido de diferentes ministerios, muchas veces fusionada con la actividad petrolera como el extinto Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Desde 2016 se creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que actualmente se encarga de la regulación de las políticas mineras, así como de la administración del Arco Minero del Orinoco y de las empresas mixtas que operan allí. Igualmente, se encarga de la Misión Piar y del Instituto Nacional de Geología y Minería.
Entre las dependencias adscritas a este ministerio está la Corporación Venezolana de Minería (CVM), creada en 2012 tras la estatización de la explotación por el decreto N° 8.413. Entre las empresas filiales que están bajo su jurisdicción se encuentran Carbones del Suroeste y Fosfatos del Suroeste, así como de la Empresa de Producción Social Minera Nacional (EPS), dedicada a la extracción de carbón y cuarzo. Además, controla el Parque Industrial Minero III Chocó Isidora, la planta procesadora de material aurífero más grande de Latinoamérica, ubicada en la población de El Callao (estado Bolívar).
Uno de los principales motores industriales en la región era la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), creada en 1960 y que responde directamente a la Presidencia de la República. Está compuesta por 14 empresas dedicadas a diferentes tareas de extracción, procesamiento y fabricación de materiales a partir de estos minerales. Entre los más importantes está Ferrominera Orinoco, dedicada a toda la cadena de producción del hierro; o Bauxilum, para la bauxita, entre otras.
Una de las empresas más importantes de la CVG era Minerven, dedicada a la producción de diferentes minerales, aunque principalmente de oro. En 2019, Minerven fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, para cortar las fuentes de financiamiento del gobierno de Maduro. Sin embargo, el 6 de marzo de 2026, el organismo emitió la licencia general 51, que vuelve a permitir las operaciones relacionadas al oro venezolano.
Esto coincidió con un acuerdo firmado durante la visita del secretario Burgum a Venezuela, en el cual Minerven suministrará hasta una tonelada de oro Dore a la multinacional de materias primas Trafigura para su venta en el mercado estadounidense. Por su parte, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez firmó el 9 de marzo el l Nº 5.266, que traspasa todos los activos de Minerven a la CVM.
Empresas mixtas
Minerven ahora pasa a ser una de las muchas empresas que controla el Ministerio de Desarrollo Minero Estratégico a través de la CVM. Muchas de estas son a su vez empresas mixtas remanentes de las antiguas concesiones mineras a compañías privadas, las cuales debieron adherirse a estas figuras para con una participación minoritaria poder seguir operando en el país.
Así, por ejemplo, la canadiente Gold Reserve. En 2008, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de las minas de oro de Las Brisas y Las Cristinas, operadas por esta empresa, lo que llevó a un proceso de arbitraje que se resolvió en 2016 con la creación de la empresa mixta Siembra Minera mediante su filial GR Mining. A pesar de ser una de las empresas más grandes de explotación de oro del país, GR Mining debió cesar sus operaciones tras las sanciones de 2019, por lo que su producción cayó en picada. No obstante, con la emisión de la licencia general 51, el Departamento del Tesoro le dio a Gold Reserve una autorización para reanudar sus operaciones en Venezuela.
La cara opuesta de la moneda está en la canadiense Crystallex, que también resultó afectada por las expropiaciones de 2008, pero que decidió tomar acciones legales contra Venezuela en tribunales internacionales. En 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Crystallex y dos años después, una corte estadounidense ordenó el pago de $1,2 millones de compensación.
Ante la falta de liquidez del gobierno venezolano, se acordó como alternativa la entrega de acciones de PDV Holding Inc, matriz de la petrolera Citgo. Un nuevo acercamiento entre Venezuela y Crystallex tras la reforma de la Ley de Minas podría renegociar esta deuda con el retorno de sus concesiones de estas minas.
Por otro lado, en agosto de 2016, Nicolás Maduro firmó un acuerdo por $5,5 millardos para proyectos en el Arco Minero del Orinoco con las canadienses Barrick Gold Corporation y MPE International Inc, así como con la firma china Yankuang Group, la congolesa Afridiam y la italiana Bedeschi. Se desconoce el estado actual de las empresas mixtas formadas tras años de desinversión en el sector y sanciones internacionales.
Cabe destacar que la licencia 51 de la OFAC prohíbe explícitamente las transacciones entre Venezuela y países como China, Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte. Es decir, que cualquier acuerdo con empresas de estas naciones seguirá sancionado por Estados Unidos.
¿Cómo se encuentran las industrias básicas de Guayana?
Hasta el año 2008, todas las empresas de la CVG operaban de manera estable, hasta que el gobierno de Chávez emprendió un proceso de centralización en su planificación y decisión. También nacionalizó de nuevo a aquellas empresas que habían sido vendidas a consorcios privados a finales de la década de los noventa, como la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), principal productor de acero del país.
A esto se sumó que la empresa Electrificación del Caroní C.A. (Edelca), que proveía de energía eléctrica al 75 % del país y administraba la Central Hidroeléctrica del Guri, en 2008 dejó de estar bajo jurisdicción de la CVG y centralizada bajo la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Justo ese año comenzó una fuerte crisis energética producto de las sequías, que llevó a planes de racionamiento que incluyeron a las industrias de Guayana, que apagaron sus hornos.
Muchas de las empresas de la CVG afectadas por el racionamiento energético nunca se recuperaron. Sidor pasó de una producción récord de 4,3 millones de toneladas de acero líquido en su último año bajo administración privada, a producir apenas 50 toneladas en 2019. Por su parte, Ferrominera registró ese año una contracción de 86,6 % de producción respecto a 2008, y otras como Bauxilum directamente no produjeron nada ese año. Muchas otras empresas también se encuentran actualmente en quiebra.
La paralización de las industrias por la caída en la producción ha llevado a un deterioro acelerado de los equipo e infraestructuras de la CVG, con algunas plantas prácticamente abandonadas. A esto también se suma la corrupción interna, pues en 2023 el presidente de la corporación, Pedro Maldonado, fue detenido en el contexto de la trama PDVSA-Cripto, al igual que el presidente de Sidor, Néstor Astudillo.
Oro sangriento
En cuanto a la extracción en el Arco Minero del Orinoco, la situación tampoco es mejor. Desde su creación, han sido numerosas y reiteradas las denuncias que ha recibido por incumplir normativas ambientales, las propias leyes de minería sostenible del país e incluso por ser espacio de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Todo esto documentado y denunciado por organizaciones como SOS Orinoco o Provea, pero también por academias y universidades, exfuncionarios y entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A pesar de la fuerte militarización de la región, que incluye a militares al frente de las empresas de la CVG y de la propia Gobernación de Bolívar, esto no ha impedido un auge de la minería ilegal en los últimos años. Cientos de personas se acercan a las minas en busca de fortuna, pero acaban siendo captadas por redes criminales que se han apoderado de vastas extensiones de terreno. Estos mineros operan sin tener un Registro Único Minero (RUM) que los acredite como mineros artesanales ni están amparados por ninguna ley laboral, trabajando en condiciones infrahumanas.
La mayoría de estas minas ilegales son controladas por bandas criminales y la lucha por su control ha llevado a episodios de violencia como la Masacre de Tumeremo de 2018. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU indicó en un informe en 2020 que estos grupos, apodados “sindicatos”, son operados por líderes criminales, o “pranes”, muchas veces desde las prisiones del país. En estas minas se han documentados casos de desapariciones y asesinatos, explotación sexual, tráfico de personas, trabajo infantil, esclavitud, entre otras.
Por su parte, diferentes organizaciones, incluyendo a la Legislatura de la Asamblea Nacional de 2015, han denunciado el control de las minas no solo por grupos como el Tren de Aragua, sino también por guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC. Estas ejercen como autoridades de facto en territorios de Bolívar y Amazonas, actuando en complicidad con los militares venezolanos.
De hecho, Transparencia Venezuela señala que los pranes suelen cobrar cuotas de extorsión conocidas como “vacunas” a los mineros por el 30 % del oro que sacan, así como del 10 % de sus ingresos a los comerciantes que hacen vida en los alrededores de sus minas. Los pranes a su vez pagan una parte de este oro a los militares, que también lo reportan a funcionarios y militares de alto rango, creando toda una cadena de corrupción institucionalizada.
Todo este oro, lejos de ser vendido al BCV como establece la ley, es sacado del país por rutas de contrabando hacia Turquía, Emiratos Árabes Unidos o el Caribe por pistas clandestinas. En otros casos, se ha documentado también el uso de migrantes e indígenas como mulas para llevar el contrabando a Colombia y Brasil por vía terrestre o fluvial.
Tierra arrasada
La gran mayoría de las minas ilegales operan fuera de las áreas designadas por los Nudemin, lo que supone un grave peligro ambiental por su falta de supervisión estatal. Por ejemplo, SOS Orinoco ha denunciado que la actividad minera ya ha superado los límites del Arco Minero para extenderse hacia zonas protegidas de parques nacionales como Canaima (Bolívar) o Yapacana (Amazonas), provocando daños irreversibles a su biodiversidad.
Aunque el uso de mercurio en la extracción de oro está prohibido por ley desde 2016, grupos ambientales señalan que se continúa usando en las minas ilegales. Esto ha llevado a reportes de envenenamiento con esta sustancia en comunidades indígenas aledañas, así como a la contaminación de al menos 30 cuerpos de agua importantes como los ríos Cuyuní, Caura, alto y bajo Caroní y partes del Orinoco.
La agencia Crisis Group reporta que al menos 27 de las 41 áreas protegidas en la Amazonía venezolana están comprometidas por la minería ilegal. De esto, se estima que más de 22 mil hectáreas de bosque virgen fueron arrasadas entre 2017 y 2020, manteniendo un ritmo de deforestación del 107 % anual.
Otra arista del problema está en la crisis social y humanitaria provocada en los pueblos indígenas de la región. Más de 100 comunidades y 30 etnias distintas han reportado un desplazamiento forzado en los últimos años de sus tierras ancestrales, muchas de ellas de manera violenta y con participación de militares venezolanos. En otros pueblos, como el Yekuana, también se ha visto una colaboración voluntaria de algunas comunidades con los mineros, derivando en una pérdida de su identidad por la transculturización e involucramiento en actividades ilícitas.
En un segundo plano, desde la Universidad Central de Venezuela (UCV) también se han observado otros problemas como epidemias de malaria producto de la actividad minera, así como de enfermedades de transmisión sexual y hambrunas por la pérdida de sus tierras y formas de cultivo tradicionales. Esto ha dejado a los pueblos indígenas bajo un estado de vulnerabilidad multidimensional que empaña la supuesta bonanza minera.
La entrada #TeExplicamos | ¿Cómo es la realidad del sector minero en Venezuela que la AN planea cambiar con una nueva ley? se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
