La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que el proyecto de «Ley de Minas» discutido por la Asamblea Nacional representa una amenaza directa para el patrimonio ecológico del país al pretender institucionalizar el ecocidio.
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Según la ONG, el texto actual vulnera áreas protegidas como Reservas de Biosfera y Reservas Forestales, al no excluirlas explícitamente de las concesiones mineras.
Asimismo, califican el proyecto como lesivo para los pueblos originarios, ya que omite el derecho a la demarcación de tierras y el consentimiento libre, previo e informado, estándar internacional indispensable para cualquier actividad extractiva en territorios ancestrales.
SOS Orinoco exige la paralización inmediata de la discusión legislativa para incorporar mecanismos estrictos de transparencia, estudios de impacto ambiental obligatorios y remediación de daños. La organización también rechazó la militarización del territorio mediante la creación del «Resguardo Nacional Minero», advirtiendo que el control de la Guardia Nacional Bolivariana sobre las minas históricamente ha fomentado la corrupción y la violación de derechos humanos.
