El 17 de septiembre de 2014, el entonces senador Álvaro Uribe, tras responder en el Congreso a los señalamientos de Iván Cepeda, se dirigió al Palacio de Justicia para ampliar una denuncia contra el congresista, quien había recorrido cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando, de manera infructuosa, testimonios de paramilitares que inculparan a Uribe. Esa fue la génesis del juicio que este lunes se resolverá con la decisión de si el expresidente es inocente o culpable.
De acuerdo con la ampliación de la denuncia, Cepeda realizó 21 visitas a estos centros penitenciarios, amparado en su condición de integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. “Utilizó su investidura de congresista para recolectar testimonios contra mí, ofreciendo beneficios jurídicos a condenados por paramilitarismo a cambio de involucrarme falsamente en hechos criminales”, se lee en la denuncia, que hoy no se puede perder de vista.
Según Uribe, Cepeda habría hecho ofrecimientos económicos y de asilos políticos a cambio de sus declaraciones. Entre ellos estaban Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, exjefe del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, condenado a 44 años de prisión por secuestro extorsivo. La credibilidad de los testigos ha sido cuestionada.
Pese a esto, en 2018, la Corte Suprema de Justicia les dio plena credibilidad cuando se abstuvo de abrir la investigación contra Iván Cepeda y, por el contrario, pidió investigar al expresidente Uribe.
