La Justicia colombiana busca a 84 criminales que el presidente Gustavo Petro benefició con la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la paz total. Los delincuentes se burlaron del Gobierno nacional y utilizaron las negociaciones como un trampolín para multiplicar su poder. SEMANA revela la minuta de las personas que recibieron el salvoconducto de la Casa de Nariño y los millonarios gastos de los fallidos diálogos, que solo han traído muertes, secuestros, extorsiones, atentados y narcotráfico.
En respuesta a un derecho de petición radicado por esta revista, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía confirmó que Petro, por medio de la Oficina del Comisionado de Paz, solicitó que a 182 individuos se les congelaran los pedidos de arresto entre el 7 de agosto de 2022 y el 12 de febrero de 2026 por ser representantes de grupos armados o estructuras de crimen de alto impacto sentados en la paz total. Después de esa fecha, se sumaron otros 23, completando 205.
Así están distribuidos los integrantes que gozaron de la medida: ELN (33), disidencias de las Farc (81), Segunda Marquetalia (17), Comuneros del Sur (11), Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (7), Clan del Golfo (3), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (10) y estructuras de Quibdó (12), Buenaventura (8) y Medellín (23).
Según la Fiscalía, 121 de ellos siguen cobijados con el beneficio y los demás son rastreados por las autoridades por incumplir con los acuerdos o cometer delitos que se volvieron insostenibles en la negociación. Es decir, cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro se aferraron a la delincuencia y hoy se desconocen sus paraderos.
Las negociaciones no han sido gratuitas. El Fondo de Programas Especiales para la Paz, gestionado por el Departamento Administrativo de la Presidencia, ha destinado más de 100.000 millones de pesos para patrocinar el eventual desarme de los ilegales; se incluyen medidas de protección para ellos, viáticos y transporte aéreo, entre otros rubros. SEMANA solicitó las facturas de los gastos, y fueron negadas, pues se manifestó que los soportes contables están sujetos a reserva legal y a políticas internas de protección.
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