Un escándalo de corrupción golpea a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. SEMANA conoció detalles de la existencia de un cartel que estaría dedicado a traficar con expedientes reservados y en el que estarían involucrados funcionarios de la entidad. Ellos, presuntamente, se dedican a vender información privilegiada de grandes investigaciones hasta por 200 millones de pesos. Los expedientes del llamado narcochofer y algunos relacionados con el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, están en la mira porque, al parecer, se terminaron entregando en USB.
Este asunto es de extrema gravedad y recuerda los momentos más oscuros de la Justicia en Colombia, en especial el llamado cartel de la toga, que arrancó con el caso de Fidupetrol. En ese momento se denunció un cobro de 500 millones de pesos por el estudio de una tutela, que, al final, terminó enredando a un magistrado de la Corte Constitucional, a fiscales, a investigadores y hasta expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, en la Fiscalía se están vendiendo los expedientes, según la denuncia que hicieron los propios fiscales en diálogo con este medio tras advertir cómo el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif), puesto en marcha en la Dirección de Lavado de Activos luego de la llegada de la fiscal Camargo, se convirtió en un negocio para que los delincuentes se anticipen a las decisiones de la Justicia.
El Muif es una estrategia de investigación que nació con una resolución a comienzos de este año y cuya misión, en teoría, es potenciar las investigaciones de la Fiscalía, coordinar actividades, orientar el trabajo y priorizar los procesos. Incluso se propone crear grupos de investigadores en coordinación con otras entidades, como la Policía, y con contadores, abogados, administradores y expertos en el área financiera.
Los fiscales de la misma Dirección de Lavado de Activos afirmaron que en la presentación de ese modelo de investigación, realizada a mediados del año pasado, se vaticinó su éxito con un antecedente particular. “Es un método de investigación que trajo la fiscal Camargo luego de su trabajo en Guatemala”, señalaron los funcionarios que hablaron con los reporteros de este medio en los últimos 15 días.
El modelo parecía innovador. Sin embargo, un año después de su funcionamiento, los resultados son escasos. Por el contrario, ha dado pie al surgimiento de este escándalo de corrupción, según los fiscales consultados. SEMANA pudo constatar que en los últimos meses se filtraron al menos cinco expedientes a causa de la información cargada en un archivo compartido como parte de la estrategia del Modelo Único de Investigación Financiera.
La ruta corrupta
SEMANA conoció detalles de las denuncias que señalan puntualmente cómo en la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía se estaría traficando con delicados expedientes. El cartel les puso precio a los procesos; los documentos los entregan en una USB y cobran hasta 200 millones de pesos por conocer los detalles, incluso anticiparse a las decisiones de los fiscales, como las órdenes de captura.
“Un abogado se acerca y me dice: ‘Doctor, yo sé que usted va a solicitar la captura de mi cliente. Aquí se lo presento para que lo escuche en interrogatorio. Yo sé que usted pidió una búsqueda en bases de datos, que tiene pensado hacer inspecciones’. Es ahí cuando empezamos a preocuparnos porque se estaba filtrando la información”, le contó un fiscal a SEMANA.
Uno de esos cinco expedientes que terminaron en venta incluye el que tiene que ver con Manuel Castañeda, el llamado narcochofer, por lavado de activos. En poder de la Fiscalía está una denuncia que indica cómo la información de ese caso, que se supone estaba únicamente en poder de los fiscales e investigadores, terminó en las manos de los narcotraficantes.
Hace varias semanas y en distintas conversaciones, de acuerdo con las fuentes consultadas, se le advirtió de esta grave situación a la delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo. Incluso, una funcionaria de nombre María Isabel, que ahora forma parte del grupo de asesores de esa delegada, recibió la denuncia en voz del propio narcochofer y en la misma sede del búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá.
Junto con la denuncia se incluyeron todas las pruebas que confirmarían de qué forma esos expedientes, cargados en una especie de drive del Muif, fueron a parar a los narcos investigados o afectados por la investigación. Esa filtración se habría materializado en una USB y por ella se habría pagado una importante suma de dinero, según la propia denuncia radicada en la Fiscalía.
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