La soberanía nació para garantizar la libertad política de los pueblos, no para consagrar la impunidad de quienes los someten. Convertirla en coartada de delincuentes con poder no sólo traiciona su origen histórico; subvierte el sentido mismo del Estado de derecho. En nuestro tiempo —con redes terroristas y de narcotráfico con asiento en aparatos estatales o bajo su tolerancia— la defensa de los derechos humanos exige un replanteamiento práctico: cuando concurren crímenes graves y narco-terrorismo, la soberanía deja de ser muralla y se convierte en deber; salus populi suprema lex. El mapa jurídico contemporáneo, lejos de amparar al victimario, impone obligaciones activas de protección dentro y fuera de las fronteras. No es ideología: es civilización.
El caso venezolano cifra con crudeza esa realidad. Allí la arquitectura formal del Estado fue vaciada para erigirse en armazón de control social, persecución organizada y economía criminal. La política fue sustituida por la coacción; la justicia por su simulacro; la ciudadanía por clientelas sometidas a chantaje. La administración del dolor —carcelaria, policial, económica— dejó de ser desviación para convertirse en método. A ese sistema algunos pretenden llamarlo “proceso político” o “soberanía nacional”. No lo es. Es la captura de un país por una red cuyo interés primordial no es la cosa pública sino su propia supervivencia y la expansión de negocios ilícitos con proyección transfronteriza.
La apelación ritual a la no injerencia ha servido para blindar esa maquinaria frente al examen independiente, expulsar observadores incómodos y denigrar a las víctimas como “enemigos internos”. Pero la soberanía, entendida con rigor, no faculta a un gobierno para negar el carácter humano de sus gobernados ni para convertir el territorio en santuario del crimen. Soberanía es, ante todo, responsabilidad: proteger a la población, garantizar libertades, resguardar la integridad del proceso político, impedir que el aparato público se confunda con la delincuencia organizada. Allí donde el Estado incumple —por incapacidad o por voluntad—, la comunidad internacional tiene no sólo un interés legítimo, sino un deber: impedir que la razón de Estado devenga excusa para la barbarie.
Ese deber no es licencia para la aventura, sino disciplina de legalidad. Implica prioridades claras. Primero: proteger a las personas, empezando por quienes documentan el daño —víctimas, periodistas, defensores—. Sin su testimonio preservado, no hay justicia posible. Segundo: cercar los circuitos del crimen con inteligencia financiera, cooperación judicial eficaz, recuperación de activos, órdenes de captura, extradiciones y juicios con garantías. Tercero: negar respetabilidad diplomática a los ejecutores y a sus testaferros, cualquiera sea el ropaje ideológico con que intenten cubrirse. Cuarto: sostener con tenacidad el trabajo de las jurisdicciones que, dentro y fuera, estén en condiciones de conocer los hechos, evitar la duplicidad impune y romper la inercia de los expedientes eternos. En esto, la paciencia es virtud, pero la demora indefinida es complicidad.
El frente operativo no termina en los estrados. También se libra en el mar, en los ríos, en los cielos y en las selvas. Cuando embarcaciones rápidas cargadas de droga, armas o drones desobedecen órdenes legales, embisten unidades de interdicción o buscan refugio en aguas fronterizas para escapar, el Estado democrático no puede mirar a otro lado. Interceptar, desactivar y someter a control esas amenazas es una obligación primaria de policía y de defensa. La regla es siempre la misma: necesidad, proporcionalidad y precaución. Primero la señal inequívoca; luego las maniobras de detención; sólo en último extremo la fuerza que neutraliza el peligro; siempre el registro, la cadena de mando, el auxilio al herido, la investigación de toda letalidad. La eficacia sin legalidad es violencia; la legalidad sin eficacia es abandono del deber. La vida humana —de inocentes, de agentes y aun de quien delinque— es el centro de gravedad de cualquier decisión legítima.
Quien invoque la soberanía para negar esta responsabilidad confunde inmunidad con impunidad. La comunidad internacional, por su parte, traiciona su razón de ser cuando convierte la neutralidad en coartada para la parálisis, o la prudencia diplomática en silencio administrativo frente a lo intolerable. No es “intervencionismo” exigir que un Estado no torture; no es “injerencia” pedir que libere a los presos de conciencia; no es “hostilidad” coordinar para impedir que la delincuencia organizada use el territorio como corredor seguro. Al contrario: es la condición mínima para que el principio soberano no se pudra en los labios de quienes lo pronuncian.
En el caso venezolano, la retórica se agotó: promesas de apertura que nunca llegan, comisiones que no visitan, informes que se archivan, diálogos diseñados para dilatar, elecciones “administradas” que sustituyen al voto con la intimidación o el amaño. En paralelo, la economía criminal se enraíza en zonas mineras, corredores fronterizos y puertos, con la anuencia de quienes deberían desmantelarla. Sostener que todo esto pertenece al ámbito reservado del Estado es una obscenidad jurídica. Proclamar que sólo el “diálogo” resolverá, sin modificar la relación de fuerzas ni poner precio real a la violencia, es una fantasía interesada. El tiempo de los eufemismos terminó.
Que nadie se engañe: no hay contradicción entre soberanía y derechos humanos. Hay, sí, una secuencia moral y jurídica. Primero, la dignidad humana; luego, la organización política que la protege. Si un gobierno se erige contra esa dignidad, la soberanía vuelve a su titular original: la nación de ciudadanos, en cuyo nombre la comunidad internacional debe exigir, cooperar y, llegado el caso, actuar dentro de la legalidad que compartimos. Ese es el equilibrio difícil de nuestro siglo: evitar la arbitrariedad de los fuertes sin abdicar ante la crueldad de los impunes; impedir que el crimen se revista de bandera; recordar que pacta sunt servandaobliga también a quienes sólo invocan tratados para expulsar observadores y callar víctimas.
No hay fórmulas mágicas, pero hay brújula. Donde hay crimen organizado con proyección estatal, debe haber causas penales serias, cooperación activa, cerco financiero, protección integral a las víctimas, deslegitimación diplomática de los victimarios y control operativo de las rutas ilícitas. Donde hay propaganda que llama “soberanía” a la captura de un país, debe haber una voz cívica que responda con hechos, con pruebas y con ley. Entre la indiferencia y la temeridad existe un camino: el del deber cumplido. La soberanía no es un muro para esconder la violencia; es el compromiso público de impedirla. Y cuando se incumple, no se invoca: se devuelve a su dueño legítimo, el pueblo, y se resguarda con la única herramienta que lo merece: justicia.
@CarmonaBorjas
