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Robert Carmona-Borjas: El fin de la impunidad y el peso de las diásporas

Durante años, el mundo aprendió a convivir con ciertas tiranías como si fueran permanentes: demasiado arraigadas para enfrentarlas, demasiado “complejas” para nombrarlas sin cautela, demasiado peligrosas para tocarlas sin antes pedir permiso al mismo sistema que esas tiranías habían aprendido a manipular. Irán se convirtió en un expediente perpetuo. Venezuela pasó a ser una “crisis crónica”. Cuba y Nicaragua quedaron como reliquias conservadas por la inercia y por la costumbre internacional de posponer la claridad moral a cambio de la comodidad del procedimiento. En ese clima, la opresión no solo persistió: se normalizó. El sufrimiento se volvió administrativamente sostenible.

Esa era ya no es una teoría. Ya no es una aspiración. Está quebrándose. El regreso de la consecuencia creíble no es algo que estemos esperando: es algo que ya hemos empezado a ver. Cuando el hechizo de que “nunca pasa nada” se rompe en dos teatros, el ecosistema autoritario empieza a temblar más allá de los objetivos inmediatos. No todos los casos son idénticos, pero la lógica es reconocible: regímenes que sobreviven mediante el miedo en casa y la ambigüedad afuera se vuelven vulnerables cuando la ambigüedad colapsa. La primera baja no es su potencia de fuego: es su aura de inevitabilidad.

En el momento actual, la figura más claramente asociada con esta ruptura —se le admire o no— es el Presidente Donald Trump. No inventó el vocabulario moral de la libertad, pero restauró algo que la arena internacional venía desaprendiendo silenciosamente: la palabra con consecuencia. Ha tratado el lenguaje público menos como espectáculo y más como preludio. Se piense lo que se piense de su estilo, su huella estratégica ha sido consistente: presión que no es simbólica, advertencias que no son decorativas y movimientos que obligan a los regímenes a calcular en vez de posar. No es un asunto de tono; es un asunto de física estratégica. Cuando las palabras recuperan peso, las tiranías pierden su activo más valioso: la suposición de que el mundo jamás cruzará ciertas líneas.

Venezuela e Irán no son solo titulares separados; son prueba de que el entorno operativo cambió. El viejo refugio de la impunidad procedimental —el hábito de esconderse detrás del proceso, dilatar detrás del “diálogo” y lavar la represión con vocabulario— ha sido perforado. Y una vez perforado, no puede remendarse con comunicados. Un régimen puede sobrevivir a la condena; le cuesta sobrevivir cuando el costo de continuar se vuelve plausible, inmediato e inteligible. Los dictadores no se preguntan si su gobierno es justo; se preguntan si su supervivencia sigue siendo viable. Sus círculos no se arrepienten; hacen análisis de riesgos. Cuando la impunidad deja de sentirse garantizada, las lealtades se ablandan, los intermediarios titubean, los salvavidas se vuelven pasivos y el mito de permanencia empieza a corroerse por dentro.

Irán ha gobernado desde hace tiempo no solo mediante la coerción, sino mediante el cultivo de la inevitabilidad. La República Islámica se ha apoyado en un aparato doble: fuerza en las calles y narrativa en el exterior. Ha aprendido a presentarse como permanentemente asediada, a convertir su propia agresión en “resistencia”, a instrumentalizar el lenguaje del derecho mientras viola las obligaciones más básicas de una autoridad legítima. Ha entrenado a audiencias extranjeras para debatir terminología —soberanía, escalada, intervención— mientras la realidad central quedaba intacta: el Estado mismo funcionando como un motor de intimidación organizada.

El mismo patrón se ha repetido en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Historias distintas, idiomas distintos, el mismo núcleo operativo. Estos sistemas perduran capturando la vida interna por coerción y la percepción externa por narrativa. El segundo pilar suele subestimarse, pero es infraestructura estratégica. Atenúa consecuencias. Rompe coaliciones. Avergüenza a posibles aliados hasta el silencio. Convierte a la víctima en acusada y al opresor en agraviado. Es el andamiaje silencioso que permite que la brutalidad parezca “complicada” y, por ende, tolerable.

Por eso la diáspora no es un actor periférico. En muchos casos, es el actor decisivo en el único terreno donde el régimen menos puede encarcelar a sus opositores: el terreno de la legitimidad. Una dictadura puede arrestar líderes de protesta. No puede arrestar la comprensión pública de lo que es, a menos que esa comprensión sea entregada. La diáspora es la fuerza que impide esa entrega. No está llamada a ser solo inspiradora; está llamada a ser disciplinada, operativa y capaz de construir coalición.

Aquí la diáspora iraní enfrenta una elección que no es retórica, sino histórica. Puede permanecer fragmentada —enérgica, brillante y aislada— hablándose a sí misma mientras el régimen le habla al mundo con una sola voz, ensayada y coherente. O puede tratar la unidad como un deber y construir una coalición con quienes llevan años librando la misma guerra de propaganda: venezolanos, cubanos y nicaragüenses. No porque sus experiencias sean intercambiables, sino porque sus batallas riman. Han enfrentado las mismas inversiones morales. Han visto a dictadores convertir el lenguaje del derecho internacional en un arma para frenar la rendición de cuentas mientras cometen abusos con impunidad rutinaria. Han aprendido, a fuerza de repetición y costo, que la indignación sin estrategia narrativa es estéril, y que la fragmentación es el aliado más confiable del opresor.

Una coalición de diásporas no es un gesto sentimental; es una necesidad estratégica. Los regímenes autoritarios no operan en aislamiento. Intercambian métodos, asesores, canales financieros, técnicas de desinformación y coberturas diplomáticas. La respuesta de las diásporas debe reflejar esa coordinación con precisión moral y comunicacional. Esto implica construir un lenguaje público compartido que rechace las trampas del régimen. Implica rechazar el falso binario según el cual toda medida decisiva es conquista o cobardía. Implica exponer la asimetría por la cual se invoca con fervor el “derecho internacional” para restringir a quienes enfrentan la opresión, mientras se guarda un silencio extraño cuando la opresión misma se inflige a diario y de forma sistemática.

El marco más eficaz para esta tarea es la Responsabilidad de Proteger (R2P): no como adorno académico ni como pretexto de dominación, sino como arquitectura moral y jurídica que coloca al civil —y no al tirano— en el centro de la preocupación internacional. Bien presentada, no sostiene que actores externos deban instalar un modelo político. Afirma algo más modesto y más urgente: que las poblaciones no pueden ser abandonadas cuando el Estado se vuelve predatorio; que la protección de civiles no es vanidad imperial, sino un mínimo civilizatorio; que la rendición de cuentas por abusos graves no es una preferencia partidista, sino la base de cualquier paz creíble.

Pero si somos honestos, el desafío central ya no es persuadir al mundo de que estos regímenes son abusivos. Eso está establecido fuera de toda duda. El desafío central es impedir que la vieja maquinaria narrativa sofoque la nueva realidad. Esta es la última defensa confiable del régimen: recodificar la consecuencia como “intervencionismo”, etiquetar la rendición de cuentas como “ilegalidad” y convertir el derecho de la víctima a ser protegida en la pretensión del opresor de soberanía. La tarea de la diáspora, por tanto, no es inventar un nuevo lenguaje moral; es hacer cumplir una verdad moral antigua con una disciplina nueva: que la protección no es agresión y que el derecho no es un escudo para la crueldad organizada.

Por eso el Presidente Trump debe ser nombrado de manera explícita y sobria por cualquier coalición de diásporas que busque impacto real. No como objeto de elogio ritual, sino como el catalizador actual de la consecuencia creíble. El sistema global no cambia porque se le pida con cortesía. Cambia cuando el cálculo costo-beneficio es alterado por actores con capacidad y voluntad. Esa alteración ha comenzado. La pregunta ahora es si será sostenida, amplificada y traducida en resultados en los pilares restantes de la red autoritaria.

Cuba y Nicaragua, en ese sentido, no son hipótesis lejanas. Son estructuras expuestas. Dependen de los mismos ingredientes que mantuvieron a otros regímenes a flote: la creencia de que el tiempo siempre los salva, que el procedimiento siempre retrasa el castigo, que la propaganda siempre confunde a la audiencia, que el mundo siempre regresa a la cautela. Una vez que esa creencia se perfora, la dinámica de negociación cambia. No porque los dictadores se vuelvan virtuosos, sino porque temen convertirse en la próxima demostración. El punto decisivo no es la “guerra”; es la inevitabilidad: cuál inevitabilidad prevalecerá, el derecho del pueblo a respirar o la convicción del régimen de que puede sobrevivir agotando el tiempo y desafiando consecuencias.

El sistema internacional ha sido a menudo hospitalario con los tiranos, no porque sus cartas fundacionales fueran redactadas de mala fe, sino porque su cultura se volvió vulnerable. Los dictadores aprendieron a capturar procedimientos, a instrumentalizar el lenguaje de la paz y a explotar la preferencia occidental por la estabilidad en detrimento de la justicia. Convirtieron el diálogo en anestesia y la soberanía en escudo para crímenes. Hicieron de la maquinaria lenta del multilateralismo un santuario. Si ese santuario va a ser desmantelado, no lo será por emoción; lo será por coherencia: coherencia moral, coherencia jurídica y coherencia comunicacional.

Las dictaduras terminan cuando ya no se puede financiar la coerción interna, cuando ya no se puede sostener la cobertura externa y cuando la narrativa deja de convertir la brutalidad en legitimidad. El retorno de la consecuencia al lenguaje del mundo ya está en marcha. El deber de la diáspora iraní —junto con las diásporas venezolana, cubana y nicaragüense— es volver irreversible ese retorno: negarle al régimen su narrativa protectora, consolidar legitimidad pública para una presión lícita y asegurar que este momento no sea otro capítulo de tragedia administrada, sino el inicio de un final que no pueda ser negociado para volver al punto de partida.

@CarmonaBorjas

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