El reciente impulso para reactivar el negocio energético entre Colombia y Venezuela ha generado una compleja red de intereses empresariales, decisiones gubernamentales aceleradas y advertencias internacionales que podrían tener consecuencias de gran alcance para la economía colombiana.
Por: Infobae
Según una investigación revelada recientemente por la revista Cambio, la operación que se estructura entre ambos países involucra a empresas de reciente creación con vínculos cercanos al gobierno de Gustavo Petro y se desarrollaría bajo la amenaza de posibles sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.
La iniciativa busca restablecer la interconexión eléctrica San Mateo – Corozo, una infraestructura abandonada desde hace años, como parte de la política energética impulsada por Petro desde agosto de 2022.
Esta política incluyó el cese de la exploración de hidrocarburos y la apertura al comercio energético con Venezuela, lo que ha generado controversia tanto a nivel técnico como político. El ministro de Minas, Edwin Palma, ha manifestado la intención de importar gas venezolano y restaurar la conexión eléctrica antes de finalizar el año, mientras la operación se caracteriza por la aparición de actores empresariales poco conocidos y la rapidez inusual en la aprobación de permisos oficiales.
El centro de esta operación lo ocupa Antonio Blasco Muñoz, un empresario español recordado por su implicación en el caso Castellnou en España, que ha liderado la creación de dos compañías clave: Activa Process Management Green Projects Colombia S.A.S. y HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P.
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