Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU), denunció el pasado jueves que los despachos de la administración chavista de Nicolás Maduro no responden a solicitudes de información sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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Previamente, representantes de Maduro acusaron a Romero de basarse en fuentes «politizadas» y «no verificables», pero la activista apuntó que, tras siete meses, nunca respondieron a sus pedidos.
Las declaraciones de Romero fueron hechas en el marco del 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde la relatora presentó un nuevo informe.
El mismo patrón se ha repetido con la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, cuyas solicitudes tampoco han sido atendidas.
Las autoridades chavistas insisten en que el sistema de Naciones Unidas debe limitarse a ofrecer asistencia técnica, sin funciones de investigación ni supervisión.
Venezuela fue incluida en el reciente informe de Romero al Consejo de Derechos Humanos sobre «El impacto del superciclo electoral 2023-2025 en los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación». Allí se documenta una represión sistemática y extendida contra el activismo y la oposición política, incluyendo masivas detenciones, represalias, hostigamiento y represión de protestas pacíficas en el país.
