Cuatro meses han transcurrido desde la deportación del primer grupo de venezolanos (238) al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Desde entonces, la noticia ha generado una ola de críticas y alertas por parte de organizaciones de derechos humanos, entidades internacionales y medios de comunicación, ante las violaciones al debido proceso a las que, afirman, fueron sometidos los migrantes.
Estos venezolanos, acusados por la administración de Donald Trump de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, fueron enviados a la prisión de máxima seguridad en El Salvador a pesar de que la mayoría, según registros internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE UU y diversas investigaciones, no tenía antecedentes penales en sus países de origen ni condenas por crímenes en territorio estadounidense.
La situación dejó en el centro del debate la legalidad y la ética de estas acciones, así como la falta de garantía a la legítima defensa, un juicio oportuno y el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Informe contradice versión de Estados Unidos
Un informe realizado por ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas de Venezuela (Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News), y divulgado el 30 de mayo, contradice directamente las afirmaciones del gobierno estadounidense. La investigación se basa en registros internos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que se reveló que el gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los 238 migrantes venezolanos enviados a El Salvador no había sido condenada por crimen alguno.
Los registros del DHS, obtenidos por los investigadores, indicaron que solo 32 de los deportados habían sido condenados por crímenes en Estados Unidos, la mayoría de ellos no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.
La información oficial precisó que el gobierno era consciente de que apenas seis de los migrantes habían recibido condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas.
Además, el informe destacó que la mitad, es decir, 130 de los deportados, no tenían registros criminales o cargos pendientes en EE UU, figurando en los archivos del DHS únicamente como infractores de las leyes de migración.
En cuanto a crímenes cometidos fuera de Estados Unidos, la revisión de los registros de la policía y la justicia en países latinoamericanos donde los deportados residieron previamente encontró evidencia de arrestos o condenas en solo 20 de los 238 casos. De estos, 11 se relacionaban con crímenes violentos, como robo a mano armada, asalto, asesinato, secuestro y drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego.
ProPublica y The Texas Tribune, junto con los medios venezolanos, obtuvieron listas de presuntos pandilleros utilizadas por las agencias policiales de Venezuela e Interpol, las cuales incluyen 1.400 nombres y ninguno de ellos coincidió con el de los 238 deportados.
Ley de Enemigos Extranjeros
Horas antes de que los migrantes abordaran los aviones en Texas para ser trasladados a El Salvador, el gobierno de EE UU justificó su deportación en nombre de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, afirmando sin ningún tipo de prueba, que los venezolanos formaban parte del Tren de Aragua.
De acuerdo con el informe, la rapidez en la remoción y el encarcelamiento en un tercer país sugiere que la administración de Trump, para alcanzar su objetivo de deportar a millones de migrantes, estaba considerando suspender el hábeas corpus, un derecho constitucional que permite cuestionar la detención.
EE UU calificó a la pandilla como una organización terrorista foránea, lo que, según las autoridades, otorgaba al presidente la autoridad para expulsar a sus miembros y recluirlos indefinidamente en una prisión extranjera.
Desde entonces, los deportados han permanecido sin posibilidad de comunicarse con sus familias o abogados.
Ante los hallazgos de ProPublica y sus aliados, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, replicó que el medio estaba sirviendo a unos “ilegales extranjeros criminales que son una amenaza”.
La investigación también comprobó que al menos 158 de los venezolanos presos en El Salvador tienen tatuajes, lo que fue usado por las autoridades estadounidenses como “pruebas” de que pertenecían a la organización transnacional, de acuerdo con las entrevistas realizadas por El Diario a familiares de los detenidos.
Sin embargo, fuentes policiales expertas en el Tren de Aragua en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela, indicaron a los analistas que estos no son un indicio de membresía en la pandilla.
Faltas al debido proceso
Desde la deportación de los venezolanos, sus familiares han realizado actividades encaminadas a conseguir información y exigir justicia, como marchas, entrega de cartas, comunicados públicos. Incluso, un grupo viajó a El Salvador para intentar obtener alguna respuesta.
Uno de los que acompañó a los familiares en este viaje fue el abogado Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, quien considera que la actuación de Estados Unidos está fuera de la legalidad.
Su opinión coincide con el informe mencionado sobre la falta de pruebas en contra de la mayoría de los venezolanos que permanecen detenidos e incomunicados en la prisión de El Salvador.
El abogado destacó que los registros internos del gobierno indican que, con excepción de unos pocos casos, los funcionarios etiquetaron a todos los deportados como miembros del Tren de Aragua sin ofrecer mayor información sobre cómo llegaron a esa conclusión.
Márquez reiteró que presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y miembros de su cadena de mando por la deportación de los venezolanos.
“Ya los jueces estadounidenses habían acordado deportarlos a Venezuela y ninguno aparece vinculado al Tren de Aragua en los juicios migratorios. Estamos en presencia de una desaparición forzosa porque no se tiene ninguna información sobre ellos, lo que contraviene al artículo 17 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se refiere a la obligación de los Estados de investigar y esclarecer los hechos”, señaló el abogado en entrevista para El Diario.
Agregó que todas las detenciones fueron arbitrarias y aseguró que los detenidos en la cárcel de máxima seguridad han sido presuntamente maltratados, se encuentran en situación de desaparición forzosa y sin juicio en El Salvador.
La organización también recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, con el objetivo de buscar el respeto al debido proceso y la “inmediata libertad” de los venezolanos.
El activista indicó que viajaron a El Salvador para intentar tener contacto con los detenidos. No obstante, a pesar de agotar la vía interna con la introducción de varios habeas corpus individualizados en la Corte Suprema salvadoreña, no obtuvieron respuestas.
El 9 de mayo, un grupo de más de 12 familias de migrantes venezolanos, junto con una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, presentaron una demanda ante la CIDH para pedir una investigación sobre la situación de los detenidos.
El documento solicita a la CIDH que emita una medida de emergencia contra el gobierno salvadoreño por la “detención ilegal” de los venezolanos que fueron transferidos de manera irregular.
“Es una desaparición forzada”
En medio de la ausencia de información oficial, Human Rights Watch (HRW) denunció el 11 de abril que los venezolanos deportados a El Salvador se encuentran en una situación de desaparición forzada y detención arbitraria.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, declaró que estas desapariciones constituyen una “grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”.“Los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas a los familiares y las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de los venezolanos”, resaltó la ONG.
HRW exhortó a las autoridades de El Salvador a revelar la base legal de su detención, permitirles el contacto con sus familiares y tener derecho a la defensa legal de sus casos.
La ONG Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado el 25 de marzo expresando preocupación por la deportación de los venezolanos a El Salvador, mencionando el modelo de seguridad del presidente Bukele y la falta del debido proceso en todos los casos.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, también afirmó que estas políticas vulneran las normas internacionales de derechos humanos, por lo que advirtió que la normalización de las violaciones al debido proceso en El Salvador deberían ser condenadas.
AI enfatizó que estas expulsiones no constituyen deportaciones porque no siguieron el proceso legal establecido en la legislación estadounidense, y que las personas fueron enviadas sin órdenes formales de expulsión a cumplir una condena indefinida en un sistema donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos fundamentales.
Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidos, Volker Türk, exigió que se permita a su equipo visitar el Cecot para constatar el estado de los detenidos. Instó además al gobierno de Trump a garantizar el debido proceso de los migrantes y cesar la estigmatización contra minorías en sus discursos.
Mientras tanto, en medio de la zozobra y la opacidad del caso, familiares, organizaciones y abogados de los venezolanos en El Salvador esperan que la CIDH y la CPI puedan emitir una declaración contra las autoridades del país centroamericano que los obligue a entregar información de los detenidos y les permitan el derecho a la defensa, tal y como como lo establecen las leyes internacionales.
La entrada Rehenes del Cecot | Sin defensa ni juicio: deportaciones de venezolanos al Cecot violan principios legales y DD HH básicos se publicó primero en El Diario.
